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Introducción

PERIPLO nace en 2021 como una alianza impulsada por la Fundación Avina —en la actualidad suma a 12 organizaciones de la sociedad civil— con el propósito de contribuir a la creación de un sistema de migración laboral justo y corresponsable con los derechos de las personas trabajadoras agrícolas migrantes en las cadenas de suministro de la industria agrícola en México y entre México, Estados Unidos y Centroamérica.

Este propósito únicamente se puede alcanzar desde el trabajo colaborativo entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala, y con la participación de las instituciones estatales y municipales, las empresas, la academia, la sociedad civil y las personas trabajadoras.

Propuestas

El sector agrícola, históricamente y hasta la actualidad, con independencia del tamaño de la explotación agrícola, reproduce condiciones laborales mayormente precarizadas. Una peculiaridad de este sector es el aumento de la fuerza laboral especializada requerida en temporadas específicas del año, así como el impacto del clima y del entorno en la producción, lo que genera ajustes en la temporalidad del trabajo, en las funciones a realizar y en el volumen de la fuerza laboral necesaria.

Esto se traduce en la inestabilidad laboral de amplios flujos de personas trabajadoras en movilidad circular, tanto nacional como internacional, y en la irregularidad en los procesos de reclutamiento, contratación, traslado, desarrollo de funciones y retorno. La fuerza laboral está representada en este sector por una población en situación de vulnerabilidad por su posición social y económica, por su lengua y cultura, por el género u orientación sexual e identidad, su edad, entre muchas otras.

Según Data México, en el primer trimestre de 2024, la población ocupada en actividades agrícolas fue de aproximadamente 2.93 millones de personas (87.8% hombres y 12.2% mujeres), con un salario mensual promedio de 3,040 pesos mexicanos y un porcentaje de 78.9% de trabajo informal. Este grupo poblacional cuenta con una escolaridad media de 6.12 años, frente a una media nacional de 9.7 años.

En 2023, la Oficina Certificadora de Trabajo Extranjero de los Estados Unidos de América7 certificó 20,379 aplicaciones de visas H2A, que correspondieron a 378,513 posiciones. El 84% de estas aplicaciones correspondieron a personas trabajadoras agrícolas y jornaleras. La Organización Internacional para las Migraciones, en 2022, identificó que de las 298,336 visas H2A que se aprobaron, 93% fueron emitidas para personas trabajadoras mexicanas. Un porcentaje que no ha variado notablemente desde 1997. Sumado a ello, en 2023 Canadá registró 45,500 personas mexicanas titulares de permisos de trabajador temporal extranjero y 13,725 personas mexicanas titulares de permisos de trabajo del Programa de Movilidad Internacional.

En nuestra agenda ampliada compartimos los puntos inaplazables de la propuesta de derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras agrícolas migrantes y sus familias, esperando abrir canales de comunicación y cooperación constantes para atender las distintas problemáticas. El texto fue redactado por PERIPLO y publicado el 15 de mayo de 2024 en el marco del Día Nacional del Trabajador Agrícola y en el contexto electoral de las candidaturas presidenciales en México. Ahora, con el gobierno electo (2024-2030), hemos actualizado la agenda y refrendamos nuestra disposición de cooperar con las diversas autoridades para fortalecer el ejercicio de los derechos laborales de este importante y esencial grupo de la población mexicana.

Introducción

La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno (AJTD) es una red multisectorial integrada por más de 70 miembros, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, fundaciones, centros de investigación y académicos cuyo propósito es impulsar la agenda de trabajo digno para jóvenes oportunidad por medio de la incidencia pública.

Jóvenes oportunidad son personas de entre 15 y 29 años, resilientes, creativas y con capacidad de resolución, que provienen de contextos adversos y que, al tener una oportunidad de inclusión social, educativa y de trabajo en condiciones dignas, aportan al crecimiento económico e inician un proceso de movilidad social.

La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno estima que en México hay 16.4 millones de jóvenes oportunidad que representan a más de la mitad (52%) de las y los jóvenes del país.

Propuestas

El 2 de mayo de 2024, la Alianza presentó cuatro claves de política pública a representantes de las
candidatas a la presidencia a fin de contribuir a la construcción de una política integral que garantice trabajo digno para jóvenes oportunidad. Estas claves son:

1. Mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) para promover la empleabilidad de jóvenes oportunidad. Específicamente se busca priorizar la población objetivo y equilibrar las regiones de operación del programa; revisar el monto del apoyo económico para no incentivar el abandono escolar, e involucrar a instituciones públicas y organismos de la sociedad civil en la formación de habilidades técnicas y socioemocionales.
2. Fortalecer las instituciones de educación técnica y tecnológica. Esto implica realizar una inversión y revalorización de los subsistemas técnicos y tecnológicos, así como su vinculación con un programa público de empleabilidad para jóvenes. También se busca crear un modelo de segunda oportunidad para personas que ya abandonaron las aulas, fortalecer la educación dual y actualizar los mecanismos de certificación de competencias.
3. Crear un sistema nacional de cuidados para impulsar la empleabilidad de las mujeres jóvenes oportunidad. Para ello el sistema deberá separar los servicios de cuidado infantil de la seguridad social, contar con presupuestos, espacios físicos, y garantizar estándares de cuidado en un abanico amplio de atención que contemple a las infancias, pero también a las personas con discapacidad y a los adultos mayores.
4. Impulsar una política laboral que garantice trabajo digno para jóvenes oportunidad, incluyendo el aumento al salario mínimo y reconociendo a las empresas que ofrecen ingresos dignos, es decir, superiores al salario mínimo.

Introducción

Alianza Campo Justo (ACJ) es un esfuerzo colectivo de cuatro organizaciones de la sociedad civil —la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Fundar (Centro de Análisis e Investigación), Oxfam México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan— que inició en 2020 con el propósito de contribuir a aminorar los impactos de Covid-19 en la población jornalera, y que acompañó diversas iniciativas como el establecimiento de un salario mínimo profesional para el trabajo jornalero agrícola.

Propuestas

La situación actual del sistema de trabajo temporal agrícola en México es alarmante: los cerca de tres millones de personas jornaleras agrícolas que sostienen la seguridad alimentaria del país enfrentan condiciones de trabajo precarias, discriminación estructural y un acceso insuficiente a derechos básicos como la seguridad social, la salud y la educación para sus hijas e hijos. En el caso de las mujeres, estas condiciones se profundizan debido a la distribución inequitativa del trabajo de cuidados, discriminación de género, segregación ocupacional, falta de representación en espacios de toma de decisiones y menor independencia económica.

Alianza Campo Justo busca incidir para la implementación de políticas públicas incluyentes que permitan un acceso efectivo a los derechos para todas las personas jornaleras, con enfoques de género e interculturales. En este sentido ha desarrollado una estrategia de acompañamiento técnico, creación de conocimiento y sensibilización a actores gubernamentales. En todas sus acciones, la Alianza busca poner a las personas jornaleras en el centro, promoviendo el fortalecimiento de liderazgos —particularmente de las mujeres trabajadoras agrícolas— para la defensa de sus derechos. Esto incluye talleres y capacitación, así como campañas informativas que fomenten una visión colectiva sobre los beneficios generales que conlleva la mejora de condiciones laborales para las personas trabajadoras agrícolas, sus familias y comunidades de origen.

Desde la Alianza Campo Justo, consideramos imprescindible implementar las siguientes medidas:

• Una política pública integral de protección a los derechos sociales y laborales de las personas
  jornaleras y sus familias, tomando en cuenta su situación cultural y migratoria, con perspectiva de
  género.
• Una práctica de inspecciones laborales que asegure que los derechos laborales reconocidos en la ley
  sean respetados en los campos agrícolas.
• Garantizar el acceso a la seguridad social para toda la población jornalera.
• La creación de mecanismos de información y transparencia de datos, tanto sobre la realidad de las
  vivencias de la población jornalera como de las empresas que las emplean.

Introducción

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa de la sociedad civil creada en 2015, con el respaldo de más de 60 organizaciones, que busca incidir de manera propositiva en las causas de la desigualdad y la pobreza en México. Para efectos legales nos constituimos como asociación civil en noviembre de 2020. Nuestra iniciativa tiene como objetivo estratégico fortalecer el posicionamiento y la construcción de alianzas para impulsar agendas y propuestas en relación con:

• El derecho al trabajo digno, con especial énfasis en los jóvenes y las mujeres.
• El derecho a la salud y la protección social universal y no condicionada para construir un “piso” garantizado de igualdad de derechos.
• El impulso a la economía social y de otras acciones efectivas para superar la pobreza crónica de los pueblos indígenas y zonas rurales marginadas.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza busca ser un polo de referencia de la sociedad civil, confiable, propositivo y con capacidad de incidir para promover cambios sistémicos en las instituciones, las políticas y la cultura a fin de superar la pobreza y la desigualdad con un enfoque de derechos.la falta de protección social, se trata de “working poor” según la conceptualización internacional.

Propuestas

El problema de la pobreza en México es inaceptable. Estamos muy por debajo del nivel que le corresponde a México por su capacidad, tamaño y fortaleza de su economía:

• Dos tercios de la población mexicana (casi 85 millones de personas) presentan al menos una carencia social.
• La pobreza afecta a casi 47 millones de personas.
• Únicamente el 12 % de la población vive en condiciones de bienestar.
•  Ocupamos el lugar 47, de una lista de 53 países, por nuestro alto nivel de pobreza.

El nivel de pobreza en México se ha mantenido a lo largo de los años a pesar de distintas políticas sociales implementadas.

Para tener impactos que reviertan la pobreza en nuestro país debe reconocerse que la raíz del problema está en el sistema laboral:

1. Los bajos salarios causan un ingreso inferior a la línea de pobreza.
2. Los trabajos “informales” originan carencias por la falta de acceso a la salud y a la seguridad social.
3. La exclusión laboral de las mujeres y de los jóvenes reduce los ingresos de los hogares.
4. La falta de opciones económicas en las zonas indígenas y rurales genera mayor rezago social.

Más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) en México tiene trabajo pero vive en la pobreza, porque percibe un salario insuficiente y por la falta de protección social, se trata de “working poor” según la conceptualización internacional.

Para atacar las causas de este problema, en nuestro documento ampliado proponemos cambios estructurales que “corten la raíz laboral” de la pobreza, porque quien trabaja no debe ser pobre.