agenda archivos - Página 3 de 4 - Propuestas Ciudadanas 2024-2030

Prioridades para la agenda ambiental 2024-2030 en México

Introducción

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización de la sociedad civil, no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro que desde hace 31 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. El eje fundamental de nuestro trabajo es el fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente.

Este documento busca destacar las problemáticas ambientales más urgentes que, desde el CEMDA, consideramos prioritarias. La próxima administración federal deberá abordarlas para avanzar en la protección del medio ambiente, los derechos humanos y, en última instancia, mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos y las mexicanas.

Propuestas

Expedir una Ley General de Aguas Nacionales con enfoque de derechos humanos que priorice el agua como un bien de las personas y los pueblos. Esta ley debe enfocarse en el manejo integral y sustentable del agua, así como garantizar la disponibilidad y calidad de ésta para las personas y comunidades, priorizando su uso sobre el industrial, agrícola y comercial.
Dotar a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del presupuesto necesario para cumplir con su objetivo de garantizar y conservar la biodiversidad, el agua y los ecosistemas necesarios para la vida. Es necesario reintegrar el 100% de los ingresos generados en las ANP a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En 2022, solo se devolvió el 29%. Además, deben publicarse los Programas de Manejo de las ANP en el tiempo legal establecido.
Frenar la pérdida de biodiversidad y mantener ecosistemas saludables. México debe cumplir con el objetivo “30 x 30” de conservar el 30% de su tierra y sus océanos para 2030 y revertir la deforestación. Se debe implementar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y establecer políticas de restauración de ecosistemas degradados. También es crucial regular el comercio electrónico de especies silvestres y exóticas.
Alejar a México de los combustibles fósiles. Es imperativo alejarse de los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición energética con fuentes renovables, respetando los derechos humanos, y garantizando la transparencia y el acceso a la información. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) debe garantizar que se cumpla la regulación existente en materia de emisiones de metano del sector hidrocarburos.
Otorgar autonomía a las procuradurías ambientales. Se debe otorgar autonomía a las procuradurías ambientales federales y estatales para asegurar una justicia ambiental independiente, conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú.
Lograr que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) sea, efectivamente, un instrumento preventivo para desarrollar alguna actividad productiva. El PEIA debe ser un verdadero instrumento preventivo que evalúe los impactos ecosistémicos, sociales y culturales de los proyectos, garantizando el derecho a la información y participación de las comunidades afectadas.
Asegurar que se garantice el derecho de acceso a la información en materia ambiental. Debe garantizarse el cumplimiento de los estándares de acceso a la información pública ambiental, facilitando la información sobre daños al medio ambiente y asegurando la participación informada en asuntos ambientales.
Garantizar un entorno seguro y propicio para las personas y comunidades que defienden el medio ambiente. Es necesario crear políticas de prevención y protección para las personas defensoras del medio ambiente, además de investigar y sancionar de forma efectiva las agresiones contra ellas. También se requiere fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas .
Transitar hacia una economía circular. México debe transitar de una economía lineal a una economía circular, además de diseñar una ley que elimine incentivos para productos contaminantes y que fomente la reutilización y el reciclaje de insumos.
Proteger y conservar nuestros mares y costas. Se requierecrear una Ley General de Mares y Costas, regular las plantas desalinizadoras, implementar un programa de conservación de humedales, garantizar la tenencia de tierras a comunidades pesqueras y proteger hábitats críticos para la pesca.

Además de los temas planteados, debe abordarse el manejo de residuos sólidos y peligrosos, la contaminación de cuerpos de agua, la prevención de incendios forestales, la concientización ambiental, la regulación de olores, los impactos de la minería y la minería ilegal, el transporte público ecológico, y la implementación efectiva de la legislación ambiental. Todo ello nos permitirá lograr un desarrollo sustentable que equilibre la inversión y el respeto al entorno natural.

Para una panorámica completa de las propuestas y sus alcances, le sugerimos al lector referirse a la agenda ampliada.

Planteamientos estratégicos para la sustentabilidad en México 2024-2030:hacia un futuro posible

Introducción

El Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (CeIBA) es una asociación civil sin fines de lucro cuyos objetivos son: 1) promover espacios de diálogo para el análisis de temas críticos sobre sustentabilidad; 2) incidir en la formulación y ejecución de políticas públicas para la sustentabilidad, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia ambiental y el sistema jurídico para la protección del medio ambiente; 3) generar alianzas y vínculos con otras organizaciones que buscan la justicia ambiental y la sustentabilidad promoviendo frentes comunes para el intercambio de información, la búsqueda de consensos y la construcción de acuerdos; y 4) proponer, diseñar e implementar proyectos para contribuir a la sustentabilidad.

Nuestra misión es incidir en la construcción de la sustentabilidad, la conservación de la biodiversidad, la acción climática y la justicia ambiental mediante análisis interdisciplinarios y un diálogo plural basado en el mejor conocimiento disponible y en la experiencia de sus miembros.

A partir de nuestras observaciones y análisis y con el intercambio constante de opiniones con otras organizaciones, con los aprendizajes variados y, en general, con la experiencia colectiva acumulada, identificamos los planteamientos que consideramos prioritarios para que las políticas públicas respondan con más efectividad a los retos de la crisis ambiental actual, que afecta negativamente nuestra calidad de vida y representa una amenaza para el desarrollo del país.

CeIBA no tiene filiación política alguna y la participación de sus socios es a título individual. Sus integrantes nos involucramos en acciones de muy diverso tipo para promover un desarrollo humano compatible con la preservación de los ecosistemas, tanto en las comunidades como en los espacios académicos, las organizaciones ciudadanas, el servicio público, los foros internacionales, el asesoramiento y otras iniciativas más.

Propuestas

CeIBA presenta a la sociedad y a los grupos interesados el documento “Planteamientos estratégicos para la sustentabilidad en México 2024-2030: hacia un futuro posible”, cumpliendo así con su propósito de formular propuestas de solución a los problemas ambientales y promover cambios para lograr la sustentabilidad del desarrollo en el país.

Nuestro diagnóstico considera que en la actualidad enfrentamos una verdadera emergencia nacional y planetaria que se expresa principalmente en el deterioro y agotamiento de los ecosistemas y sus servicios a la sociedad, el calentamiento global y las afectaciones a la salud a causa de la contaminación atmosférica, de las aguas y los suelos. Factores, todos, que agravan los rezagos sociales y las desigualdades, e introducen más incertidumbres a futuro.

Asimismo, pensamos que tenemos una responsabilidad compartida entre sociedad y gobiernos, sin embargo, toca a las autoridades federales, estatales y municipales la tarea principal de emprender las iniciativas para que la política ambiental adquiera la relevancia que se requiere.

En esta agenda abordamos algunos de los problemas ambientales de forma transversal, es decir, con un enfoque que considera el desarrollo social y económico en un marco de justicia ambiental. Enfatizamos, igualmente, algunas prioridades nacionales, como son: lograr la deforestación cero en 2030; transformar los sistemas alimentarios con criterios de sustentabilidad; aumentar la ambición nacional en las metas de mitigación de gases de efecto invernadero de forma compatible con los compromisos del Acuerdo de París; incrementar la adaptación y resiliencia de la sociedad y los ecosistemas ante el cambio climático; proteger la salud pública controlando la contaminación atmosférica y otros impactos perniciosos en términos de aguas, suelos y biodiversidad; y formular e iniciar pronto la aplicación de una estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono hacia mediados de este siglo.

Nuestros planteamientos ponen de relieve los siguientes elementos y principios comunes: otorgar mayor importancia y centralidad a la conservación, al manejo sustentable y a la restauración del patrimonio natural y sus servicios ambientales; transformar los sistemas de producción hacia modalidades sustentables, incluida la economía circular; fortalecer las instituciones ambientales; mejorar las capacidades tecnológicas, presupuestales, financieras y de información; reconocer la pluralidad y diversidad de las personas, organizaciones y colectivos; atacar la impunidad ambiental; promover la planeación de largo plazo bajo esquemas de integración y trasversalidad de políticas; y, fomentar que los recursos presupuestales se ajusten a los esfuerzos necesarios para enfrentar la crisis ambiental.

Puedes leer aquí nuestro resúmen ejecutivo

Apuntes para un cambio estratégico: hombres e igualdad sustantiva

Introducción

GENDES, A.C. es una organización especializada en el trabajo con hombres que promueve y fortalece relaciones igualitarias para contribuir al desarrollo social mediante procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género —con enfoque en las masculinidades—, la inclusión y los derechos humanos.

Masculinidades

El tema de las Masculinidades en el ámbito de la política pública es de reciente data, pero aun así existen diversas de propuestas y experiencias, tanto por su alcance municipal o nacional como por los objetivos y problemáticas que pueden rescatarse.

Es importante destacar que en México, tanto desde la academia como desde las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y de manera limitada algunos gobiernos (en los niveles federal, estatal, municipal), hay un acercamiento para incorporar el tema de las masculinidades en la política pública. La mayor contribución ha sido en temas relacionados con la atención a hombres que ejercen la violencia (creación de modelos, diseño y desarrollo de campañas de comunicación) y el incremento de medidas de sanción; a su vez, en menor número, hay iniciativas relacionadas con la prevención o, de manera más general, con la erradicación de roles y estereotipos que contribuyan a construir una igualdad de género sobre bases más sólidas.

El propósito de GENDES al presentar esta agenda es que la administración pública (tanto federal, como estatal y municipal), así como los Poderes Legislativo y Judicial, tengan referencia de las acciones que podrían realizarse para involucrar a los hombres en temas de igualdad de género.

El amplio proceso electoral de 2024 implica la renovación de muchas posiciones en los gobiernos y legislaturas del país, así como en diversos ámbitos geográficos y jurídico-administrativos. En ese contexto, a fin de que las propuestas aquí contenidas sean pertinentes, se decidió tomar como referencia la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), a partir de la cual se pueden identificar las posibles acciones de trabajo con hombres que son susceptibles de incorporación a los planes de desarrollo, programas sectoriales y agendas legislativas. GENDES refrenda así su compromiso de seguir abonando a la igualdad de género, ofreciendo elementos resultantes del análisis crítico de las masculinidades.

Propuesta

La premisa en la propuesta de GENDES es que, para lograr la igualdad, se requieren acciones diferenciadas según el género de las personas. Tomemos como ejemplo las disposiciones actuales en relación con la violencia contra las mujeres: por un lado, se han establecido acciones de protección a las víctimas, así como medidas para atender sus condiciones de vulnerabilidad —psicológicas, económicas, legales, etc.—; por otro lado, en cuanto a las personas agresoras, se prevén programas reeducativos para que se modifiquen las actitudes y comportamientos que dan origen a sus acciones de violencia. Ambas disposiciones son esenciales, pero el enfoque de nuestra propuesta es que deberían considerarse las medidas que incidan en la raíz de la problemática, es decir, aquellas necesarias para prevenir la violencia.

Cuando dimensionamos de este modo el problema, nos percatamos de que es necesario impulsar un enfoque diferenciado: para las posibles víctimas, se requiere cuestionar los aprendizajes relacionados con la sumisión; para quienes tienen mayor posibilidad de ejercer la violencia, ha de incidirse en los modos de pensamiento basados en la superioridad de un género sobre otro. Aquí habría que agregar que este tipo de medidas demandan acciones que incidan tanto en la cultura, como en el pensamiento individual de las personas.

De manera general, la sensación que queda al leer la LGIMH es que cuando se habla de hombres y mujeres lo que se busca es “subir” a las mujeres al “sitio” que ocupan los hombres (en términos de derechos y oportunidades). Sin embargo, esto deja de lado el hecho de que el género también implica relaciones y, entonces, las acciones positivas o de equidad dirigidas a las mujeres deberían acompañarse de medidas que incidan también en la interacción de los géneros. Por ejemplo, no basta con establecer el derecho al trabajo, sino que es necesario incidir en las dinámicas relacionales que permitan construir un entorno laboral positivo. En resumen, incorporar a los hombres a la política pública implica realizar acciones dirigidas específicamente a este sector de la población y que estas contribuyan a la igualdad sustantiva.

Puedes leer aquí nuestro resúmen ejecutivo

Hacia una reforma fiscal progresiva. 12 propuestas para proteger los derechos humanos, reducir las desigualdades y lograr un desarrollo sostenible

Introducción

La Alianza por la Justicia Fiscal surge como un espacio de colaboración y búsqueda de consensos entre organizaciones e instituciones que coincidimos en que el sistema fiscal mexicano actual es inadecuado para responder a las múltiples crisis que enfrenta el país. Así, consideramos que es el momento de impulsar una reforma fiscal que reduzca y repare las brechas de las desigualdades, garantice derechos, fortalezca las instituciones públicas, e impulse el desarrollo sostenible de manera progresiva, justa y con perspectiva de género.

La Alianza está integrada por las siguientes instituciones: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fundación Friedrich Ebert, Fundar. Centro de análisis e Investigación, Instituto de Estudios Sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) de la UNAM. Y tiene por objetivo promover un sistema fiscal justo para reducir las desigualdades, garantizar derechos e impulsar el desarrollo sostenible con crecimiento económico en México. En específico, queremos una reforma fiscal profunda que:

Incremente el financiamiento disponible para garantizar derechos en materia de salud, educación, seguridad, trabajo y otros.
Aumente la progresividad del sistema fiscal mexicano.
Integre la perspectiva de género en el ingreso y el gasto público a lo largo de todo el ciclo presupuestario.
Fortalezca la responsabilidad hacendaria y mejore los mecanismos para la toma de decisiones presupuestarias.
Eleve la calidad del gasto.
Promueva la justicia climática y atienda los riesgos medioambientales.

Propuestas

La Alianza por la Justicia Fiscal considera que México necesita aumentar sus ingresos públicos de manera progresiva y debe fortalecer los ingresos propios de los gobiernos municipales y estatales. Además, debe aumentar la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas sobre la asignación del gasto público. De esta forma, lo recaudado puede realmente servir para impulsar un desarrollo económico que sea sostenible e incluyente. Por eso, proponemos los elementos mínimos de una reforma fiscal centrada en tres pilares:

Fortalecer la progresividad de los impuestos sobre la renta y la propiedad.
Potenciar los impuestos ambientales.
Democratizar las decisiones de gasto.

A partir de estos pilares presentamos 12 propuestas:

Modificar los tramos y las tasas del ISRF. Hay que aumentar la incidencia del ISR sobre los estratos económicos de mayores ingresos. Esto puede lograrse si se incrementa la tasa marginal máxima, se reduce el umbral de ingresos a partir del cual se cobra la actual tasa marginal máxima y se crean nuevos tramos entre la actual tasa marginal máxima y la nueva.
Limitar los beneficios fiscales para las personas de ingresos más altos. Determinar un tope de ingresos para el acceso a estos beneficios, justificar cada uno de ellos de forma robusta, incluir cláusulas de vencimiento y transparentar todos los beneficios fiscales puede reducir la discrecionalidad en su otorgamiento y hacerlos menos regresivos.
Equiparar las tasas impositivas entre el trabajo y el capital. En el actual sistema, las tasas reducidas o las exenciones generalizadas a determinadas rentas de capital son tratamientos preferenciales que benefician principalmente a los hombres de mayores ingresos. Esto debe revisarse, pues perpetúa y agrava las desigualdades.
Fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar el predial. Se debe promover el uso de medios electrónicos, mejorar los registros catastrales por medio de la tecnología y fortalecer su vinculación con los sistemas tributarios, así como homogeneizar los sistemas de cálculo y liquidación de los tributos.
Transformar la tenencia en un impuesto verde sobre la propiedad de automóviles. Proponemos una Ley Federal de Tenencia que permita al gobierno federal recaudar este impuesto en los estados que no lo cobran. Además, las emisiones contaminantes se deben incluir en el cálculo del impuesto para los automóviles de valor alto.
Explorar la posibilidad de un impuesto especial a los jets privados y los yates. México es el segundo país con más jets privados en el mundo. Los ingresos recaudados por medio de un impuesto así en México podrían destinarse, por ejemplo, a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Reducir las exenciones en el IEPS al carbono y aumentar gradualmente el precio subyacente por tonelada de CO₂. Se debe cubrir una mayor cantidad de emisiones y así desincentivar el consumo de combustibles. Incrementar el precio federal al nivel del impuesto estatal de Zacatecas permitiría recaudar casi 13 000 millones de pesos adicionales.
Etiquetar impuestos. Proponemos que la legislación destine una parte significativa de los ingresos fiscales recaudados a través de las propuestas presentadas a sectores o programas específicos relacionados con ellas. Esto ya se ha hecho con buenos resultados en la Ciudad de México y en Nuevo León.
Introducir una garantía presupuestaria para el sistema de salud para las personas sin seguridad social. Recomendamos reformar la Ley General de Salud para establecer el financiamiento del IMSS Bienestar en función de la población sin acceso a la seguridad social y fijar un presupuesto mínimo per cápita.
Fortalecer la regulación de los ajustes presupuestarios, del uso de los ingresos excedentes y del endeudamiento. Esto permitirá aumentar el control democrático sobre la asignación de recursos y fortalecer la rendición de cuentas. Es necesario regular la asignación de ingresos excedentes y destinarlos en parte al pago de la deuda, fondos de estabilización, fondos de desastres naturales e inversión física.
Robustecer la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos. Es necesario hacer más plural la integración de sus comités técnicos, ampliar el contenido de sus informes, llevar a cabo auditorías y evaluaciones obligatorias, crear un registro único y establecer parámetros para su creación y extinción.
Medir el impacto presupuestario de las reformas legislativas. Es fundamental que todos los proyectos de ley o decretos incluyan una evaluación de impacto presupuestario. Estas podrían ser elaboradas y verificadas por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) y el Instituto Belisario Domínguez (IBD).

¿Por qué estas propuestas?

En la Alianza por la Justicia Fiscal pensamos que no es posible reducir y reparar las brechas de desigualdad en México ni hacer frente a los retos del futuro sin una expansión significativa de las capacidades del Estado. Hasta hoy, la tendencia histórica de precarización de las finanzas públicas ha dado como resultado una educación pública deficiente, una atención médica con fondos insuficientes, fuerzas policiales locales sobrecargadas e incapaces de brindar seguridad, entre otras problemáticas. Debemos incrementar los ingresos públicos y gastarlos de forma transparente, democrática y eficiente. En la actualidad, los altos niveles de desigualdad en el país conviven con un sistema fiscal que casi no redistribuye, privilegia a los ricos y es poco democrático en la asignación de recursos. Se necesita un sistema fiscal más justo. Nuestra alianza está convencida de que las propuestas aquí presentadas muestran que es posible y necesaria una reforma fiscal progresiva, que no genere cargas nuevas a los grupos de ingresos medios y bajos, y que cuente con mecanismos para fortalecer la eficiencia, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación pública. Una reforma que permita financiar programas y políticas públicas que sean efectivas para reducir y reparar las brechas de la desigualdad y que garanticen los derechos de las personas es posible, necesaria y urgente. La oportunidad para implementarla es ahora.

Aprender importa: lo básico no está garantizado

Introducción

Mexicanos Primero es una organización de la sociedad civil que trabaja por la garantía del derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes mediante la incidencia en políticas educativas. Como organización, tenemos el compromiso de promover y defender el derecho a aprender porque, en educación, lo básico no está garantizado. Persisten desafíos que impiden el pleno ejercicio de niñas, niños y adolescentes a estar, aprender y participar en la escuela.

Por eso, desde el sector privado asumimos esta tarea con convicción. Como sociedad civil, tenemos la capacidad de actuar de manera ágil, independiente y focalizada para contribuir a resolver los problemas que enfrentan las comunidades educativas. Participar en este esfuerzo es vital, ya que desde una mirada crítica y complementaria a la de las autoridades, promovemos el cumplimiento del derecho fundamental a la educación en todos los niveles.

Propuestas

Mexicanos Primero se enfoca seis temas prioritarios en los que aún, como país, nos queda un largo camino por recorrer:

Financiamiento educativo.
Infraestructura básica y condiciones de aprendizaje.
Aprendizajes fundamentales y evaluación.
Condiciones laborales, profesionalización y formación docente.
Participación de la comunidad escolar.
Desarrollo de habilidades para la empleabilidad.

En aras de una mejora real y sostenible, en Mexicanos Primero consideramos que es imperativo que lo básico esté garantizado; también, pensamos que la verdadera mejora educativa solo puede ocurrir cuando valoramos y reconocemos el trabajo realizado en las escuelas públicasdel país, a la vez que nos comprometemos con un diálogo constructivo —basado en evidencias, propuestas y trabajo en equipo— para mejorar nuestro sistema educativo.

Agenda Económica para el próximo gobierno

Introducción

El observatorio económico México, ¿cómo vamos? (MCV) es un colectivo de científicas y científicos sociales que promueve el crecimiento económico sustentable y sostenido, a fin de generar más y mejores empleos y fomentar el bienestar para todas las personas. Lo que importa es avanzar; saber cómo vamos no solo cómo estamos, sino proponer mejores rutas para una mayor sustentabilidad.

Propuestas

Desde México, ¿cómo vamos? presentamos cinco temas imprescindibles para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pueda alcanzar un mayor crecimiento económico —sostenido e incluyente— para que más mexicanos tengan un mayor progreso social.

Esta agenda parte del análisis realizado acerca de la dinámica de crecimiento nacional, estatal y sectorial mediante distintos indicadores económicos, así como el monitoreo del mercado laboral mexicano y la evaluación del progreso social, es decir, una aproximación a la calidad de vida de los mexicanos. Estas relaciones económicas nos han permitido llegar a las siguientes conclusiones:

El crecimiento económico en México es una condición necesaria para el progreso social, por lo que es necesario ampliar las políticas públicas en salud, educación y seguridad para que este sea compartido.
Aceptar el equilibrio subóptimo de un mercado laboral predominantemente informal merma la calidad de vida de las familias, sus ingresos y la oportunidad de lograr un México más productivo.
No atender las brechas económicas que enfrentan las mujeres es perpetuar la precariedad en la que vive más de la mitad de la población mexicana.
Ignorar la transición energética y los compromisos de mitigación del cambio climático es condenar a las generaciones presentes y futuras a vivir en un planeta cada vez más inhóspito.
Sin reglas del juego claras, nos perderemos las oportunidades de crecimiento económico y social.

Con el objetivo de contribuir a un diálogo abierto y enriquecedor con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentamos la versión ampliada de nuestra agenda en el enlace de abajo.

#Yo tambien voto: 10 puntos para una agenda para personas con discapacidad

Introducción

Yo También es una plataforma de información sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad que, para avanzar en la agenda de los derechos de las personas con discapacidad, hace tres cosas: i) periodismo e información útil sobre el tema, ii) incidencia con diversos actores tanto de la sociedad civil como gubernamentales, y iii) da servicio de asesoría a empresas.

Propuestas

Las personas con discapacidad constituyen la minoría más grande del mundo: al menos 15 por ciento de la población de la Tierra. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2023, en México viven 22.1 millones de personas con discapacidad (PCD). Si consideramos un promedio de cuatro miembros por familia, esto implica que aproximadamente 88.4 millones de personas, en diversas formas, se ven impactadas por la discapacidad: dos de cada tres habitantes en el país. Además, es un grupo que va en creciente aumento.

En 2024, Yo También llevó a cabo el proyecto titulado #YoTambiénVoto, en el que colaboramos con 54 organizaciones de la sociedad civil, colectivos, universidades, empresas y expertos en discapacidad en cinco entidades del país. Este proyecto incluyó la elaboración de cuestionarios con estas alianzas, la realización de entrevistas con personas candidatas a la presidencia, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y a las gubernaturas de Jalisco, Veracruz, Tabasco y Yucatán, así como con 14 figuras clave que llegarían al Congreso (tanto a la Cámara de Diputados como al Senado). Posteriormente, con siete diferentes medios de comunicación, publicamos estas entrevistas de manera accesible para garantizar el voto informado y tener promesas de campaña acerca de esta importante agenda.

Durante las seis reuniones con diversas alianzas identificamos temas recurrentes que preocupan profundamente a las organizaciones de y para las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras, así como diversos expertos.

Playlist con entrevistas de la iniciativa Yo también voto: https://www.youtube.com/watch?v=BcOzCj_teqc&list=PL_F4_X-HH2JOuTVz7uYMzMaMeoBPhERkM

Propuestas de la sociedad civil en materia de cuidados

Introducción

La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres (en adelante, la Coalición) está conformada por más de 60 personas que representan a más de 16 organizaciones sociales, mujeres cuidadoras, activistas feministas, legisladoras, funcionarias y académicas que trabajan por un “México que cuide”.

Su objetivo es aportar a la construcción de un camino incluyente hacia el reconocimiento del derecho humano al cuidado y la puesta en marcha de decisiones de Estado que lo garanticen. Además de reivindicar la participación plena de la sociedad y de las comunidades en la promoción de acciones, políticas y sistemas de cuidados.

La Coalición surgió en octubre de 2020, en el marco del proceso de reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado digno y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a las necesidades e intereses de las personas.

En ese contexto, la Coalición participó activamente en los espacios de diálogo y deliberación promovidos por la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, que condujo a la aprobación de la reforma en la materia por parte de este cuerpo legislativo, el 18 de noviembre de 2020. La reforma, sin embargo, quedó detenida en la Cámara de Senadores, y aún está pendiente su aprobación. No obstante, desde entonces la Coalición sigue trabajando en procesos de incidencia para promover el reconocimiento del derecho al cuidado y la garantía de su ejercicio a nivel federal, estatal y municipal.

Propuestas

La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres presenta una agenda con demandas clave en materia de cuidados a nivel federal.

Entendemos el cuidado como un derecho conformado por tres aspectos: recibir cuidados, brindar cuidados y autocuidarse, y su ejercicio está considerado tanto para la persona que brinda el cuidado como para quien lo recibe.

El derecho al cuidado favorece la dignidad, la autonomía y el desarrollo de todas las personas. Además, desde la Coalición pensamos que es importante asegurar este derecho para decidir la distribución del tiempo propio según las necesidades e intereses de las personas, tomando en cuenta que la falta de distribución equilibrada en los cuidados impone a las mujeres cargas de trabajo que pueden tener consecuencias negativas al limitar el tiempo que requieren para desarrollarse de forma profesional, escolar o personal —lo que restringe su autonomía—, a la par que se priva a algunos hombres de participar activamente en la crianza de sus hijas e hijos y en el cuidado de sus familiares o seres queridos, minando así sus lazos afectivos y su desarrollo integral.

A partir de este enfoque, desde la Coalición consideramos que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, y asumir la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, junto con otros actores que han estado ausentes históricamente de estas labores, como son los hombres, el mercado y el propio Estado.

Para la Coalición es fundamental la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados que garantice este derecho. Se entiende como tal el conjunto de leyes, normas, políticas intersectoriales, medidas y servicios articulados que avalen el acceso al cuidado digno de todos aquellos que lo requieren, mediante el cual se aseguren, también, los derechos de las personas que brindan atención. Dicho Sistema debe incluir las dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, esta última comprende distintos planos que están en constante interacción entre los seres humanos: la vida, los pensamientos, sentimientos y aprendizajes, la interacción social; además de políticas y servicios públicos con base en un diseño universal, con ajustes razonables, y la accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad necesarias.

Las propuestas generales de la Coalición se resumen en el cuadro que sigue. Sin embargo, dado que dicho listado no detalla ni argumenta todas nuestros planteamientos de manera exhaustiva, proponemos abrir un espacio de diálogo donde podamos desarrollar y explicar nuestras ideas de forma amplia y
personalizada. Con lo cual, puede asegurarse que nuestras sugerencias sean comprendidas y debatidas en profundidad, para fortalecer nuestro posicionamiento y permitir un diálogo constructivo e informado con todos los actores involucrados. Esta estrategia nos permitirá, además, garantizar una presentación y
discusión más efectiva de nuestras recomendaciones. Para el seguimiento de la agenda ciudadana y los
próximos pasos a seguir, invitamos a las autoridades a entrar en contacto directo con la Coalición a través
del correo: coalicioncdytpm@gmail.com

Recomendaciones en materia de cuidados presentadas por la Coalición por el Derecho
al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres

Demandas clave en materia de cuidados con impacto a nivel federal:

Aprobar las reformas de ley en materia de cuidados pendientes, en especial las constitucionales a los artículos 4 y 73.
Adoptar, firmar y ratificar los tratados pendientes y recomendaciones en materia de cuidados, en
específico los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En particular, los Convenios 183 y 156, y las Recomendaciones 191 y 165.
Llevar a cabo la armonización legislativa necesaria en torno al derecho al cuidado que permita plasmar en la legislación, planeación, presupuestación y programación mexicana la dimensión estructural del trabajo doméstico y de cuidados, así como su monitoreo, evaluación y auditoría.
Asegurar que el Sistema Nacional de Cuidados y cualquier acción estatal en materia de cuidados, tenga el liderazgo del Estado, y garantice la transformación de la división sexual del trabajo a través de la corresponsabilidad social en los cuidados.
Garantizar la implementación del Sistema Nacional de Cuidados y el ejercicio efectivo del derecho al
cuidado, a través del aseguramiento de un presupuesto público suficiente y progresivo.
Asegurar la participación plena, oportuna, diversa y efectiva de la sociedad, las comunidades, los grupos de atención prioritaria y la academia en el Sistema Nacional de Cuidados.
Considerar de manera sistemática las demandas, propuestas y necesidades de la sociedad civil y los grupos de atención prioritaria durante el diseño, implementación y evaluación del Sistema Nacional de Cuidados.
Trabajar para que el Sistema Nacional de Cuidados, y cualquier acción estatal en materia de cuidados, tenga una visión transformadora para subvertir las desigualdades sociales y de género que actualmente atraviesan los cuidados.

Apuesta Institucional 2024-2030

Introducción

Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. – ARTÍCULO 19 es una organización sin fines de lucro y una de las siete oficinas regionales de ARTICLE 19, fundada en 1987 en Londres, Reino Unido, que toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin consideración de fronteras”.

Constituida legalmente en México en 2008 y habiendo obtenido el estatus de donataria autorizada en 2012, la oficina regional de ARTICLE 19 es legal y financieramente independiente de la sede británica; y financiada por fundaciones privadas y gobiernos de Norteamérica y de Europa Occidental.

Desafíos

La libertad de expresión en México afrontó grandes desafíos en el sexenio 2018-2024, que ha sido reconocido como un periodo de cambio de régimen. En este lapso, persisten —y en algunos casos se profundizaron— los resabios de autoritarismo que los “regímenes de la transición” (1997–2018) no fueron capaces de revertir. Hablamos de la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.

En el sexenio que termina en 2024 habremos de sumar nuevos desafíos para la libertad de expresión, como las intentonas del Poder Legislativo de ejercer censura en línea —algunas consumadas— y la falta de acceso pleno a la información para poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto en contextos de desastres naturales como de los programas sociales emblema. Los intentos de censura ocurren en un momento histórico mundial de ampliación del espacio digital y en que los Estados pretenden controlar este ámbito, no siempre en clave de derechos humanos. Mientras que la segunda es una realidad contradictoria con el discurso de “Primero los pobres”.

El trabajo institucional para la defensa y promoción de los derechos a la información y a la libertad de expresión se encuentra en el centro de los mínimos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía en un régimen democrático. De ahí su relevancia y vigencia. Estos derechos están siendo amenazados por el resurgimiento de ideologías y proyectos políticos autoritarios, nacionalistas y xenófobos en diversas partes del mundo.

En el caso específico de la libertad de expresión y el derecho a la información, continúan tendencias que exigirán especial atención de nuestra parte. La lógica de comunicación del gobierno federal, que toma como medio relevante la plataforma de las redes sociales y la difusión de información en internet, es mucho más frecuente y es una oportunidad para seguir insistiendo y avanzando en el acceso a la información, a la transparencia y a la participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, la estrategia de comunicación política basada en conferencias diarias representa un reto en tanto puede convertirse en una medida de control de la agenda pública y la administración de la información que llega a la sociedad. La proactividad no debe transformarse en imposición, ni tampoco debe significar el silenciamiento o estigmatización de aquellos que opinan y piensan diferente. Un verdadero avance en la democratización del país implica el ejercicio de la crítica y la expresión del disenso sin descalificaciones, mucho menos desde el poder gubernamental.

Propuestas

En el proximo sexenio (2024-2030) se mantienen vigentes las exigencias de la Agenda Mínima 3.0, es decir, una lista de 36 acciones urgentes en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan las siguientes:

Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de medios de comunicación.
Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión.
Desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas.
Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y de utilizar mecanismos de censura en internet.
Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
Controlar el uso de herramientas de vigilancia.
Garantizar el acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Desarrollo del espacio cívico: por una gobernanza colaborativa en México

Introducción

La iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía es una coalición de organizaciones y redes que comenzó sus actividades en 2021. Surgió como resultado de la alianza de 22 organizaciones sin fines de lucro ni afiliación política o religiosa, que buscan construir un proyecto colectivo para defender y promover la acción ciudadana y fomentar el diálogo con diversos actores políticos. La iniciativa apuesta por una sociedad civil organizada en el sentido amplio, que sea reflejo de la diversidad y pluralidad de las organizaciones, grupos y colectivas(os), agrupaciones con tamaños y causas distintas, con el interés particular de generar nuevos espacios para promover la organización y la acción en torno al cuidado del espacio cívico.

Nuestra agenda de incidencia se presenta en nuestra propuesta de política pública titulada “Desarrollo del espacio cívico: por una gobernanza colaborativa en México”, la cual tiene como objetivo: Cuidar y desarrollar el espacio cívico en México para que la sociedad civil organizada pueda tomar parte de forma pacífica en los asuntos políticos del país y contribuir de manera colaborativa en las decisiones y políticas
públicas que afectan las vidas de las personas.

Su construcción considera dos de las variables del modelo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para proteger y desarrollar el espacio cívico: 1) Promover la ampliación de espacios institucionales y estructurales de influencia en procesos de decisión pública para individuos y grupos organizados; 2) garantizar la participación igualitaria e inclusiva de la sociedad civil en procesos de decisión pública y garantizar el derecho de acceso a la información.

Propuestas

Con base en anterior, Manifiesta tu Ciudadanía presenta una propuesta en dos ejes y cinco líneas de acción:

Eje 1. Promover el desarrollo del espacio cívico:

Visibilizar el valor social de las OSC con múltiples audiencias en todo el territorio nacional, incluyendo a las personas y colectivos que usan o se benefician de las actividades de las OSC.
Defensa y promoción del marco normativo para las instituciones sin fines de lucro (ad casum)en el Congreso de la Unión y congresos locales.

Eje 2. Garantizar la participación:

Ampliar el financiamiento transparente y abierto para las actividades de interés público y valor social —principalmente de gobiernos locales—, evitar su reducción y eliminar los obstáculos.
Construcción de ciudadanía. Impulsar vías, medios y rutas para el ejercicio de la ciudadanía por medio de actividades de las OSC y de mecanismos de participación ciudadana.
Eliminación de restricciones bancarias y financieras para la correcta operación de las OSC.

Estas acciones buscan garantizar las condiciones legales, políticas, institucionales y materiales de los actores no gubernamentales para acceder a información, expresarse, asociarse, organizarse y participar en la vida pública del país. Hacerlo permitirá a la próxima administración federal (2024-2030):

Ampliar las capacidades y la calidad para desarrollar conocimiento e información por medio de la investigación colaborativa con instituciones sin fines de lucro.
Multiplicar la capacidad del Estado mediante la cooperación multisectorial en todas las etapas del proceso de política pública con diálogo, deliberación y cogestión para la resolución de los
problemas públicos complejos.
Promover y proteger la libertad de expresión y de manifestación y los derechos de asociación y de participación.

Organizaciones que integran la iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía:

Actualmente, la iniciativa está conformada por las siguientes organizaciones y redes: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Alternativas y Capacidades, Artículo 19; Cambio Sistémico; Causa en Común; Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC); Cohesión Comunitaria e Innovación Social; Comunalia; Consejo Cívico de Nuevo León; Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social, A.C. (CIDES); Corporativa de Fundaciones; DECA Equipo Pueblo; Fundación Appleseed México; Fundación Merced; Fundación Merced Querétaro; Instituto Mexicano de Doctrina Cristiana (IMDOSC); LigaLab, Ideas que Unen; Nacional Monte de Piedad; OXFAM México; Pulso OSC; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Save the Children; The Hunger Project México; UnidOSC; y Co. Centro de Fortalecimiento; Yo también; y YouthBuild México.