Logo Propuestas Ciudadanas 2024-2030

Etiqueta: agenda

Visión 2030, un gran país para niñas, niños y adolescentes

No hay legado más grande que pueda dejar un líder político,
que una nación que respeta, cuida y protege a las niñas,
niños y adolescentes en su territorio.

Introducción

Priorizar a la niñez en un proyecto de nación es una decisión que permite establecer bases sólidas para que las niñas y niños perciban un entorno de esperanza y fraternidad, para que tengan las condiciones y oportunidades que necesitan para crecer, desarrollarse y ser felices. Al mismo tiempo, se proporciona a las familias la seguridad de que sus seres más queridos contarán con la protección necesaria para vivir digna y plenamente, fomentando con ello la cohesión social para tejer redes de apoyo que sostengan una visión de protección integral a las niñas y niños como nuestro bien más valioso.

Save the Children es una organización con presencia en 20 estados de la República, cuyo objetivo es inspirar avances en la forma en la que el mundo trata a las niñas, niños y adolescentes, con el fin de lograr un cambio inmediato y duradero en sus vidas.

Propuestas

Las elecciones democráticas que vivimos en 2024 representaron la posibilidad de recordarnos, como nación, que uno de los pilares imprescindibles para ser una sociedad próspera, justa, pacífica y sostenible, es garantizar y velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. En este contexto, Save the Children presenta su “Visión 2030: un gran país para las niñas, niños y adolescentes”, para transitar hacia un Estado que tenga la capacidad de respuesta para aplicar los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y toda la legislación en la materia. A fin de contar con un Estado eficiente en proporcionar y coordinar los bienes y servicios públicos que las niñas, niños y adolescentes necesitan para su bienestar y desarrollo.

Con nuestras propuestas, pretendemos generar una discusión pública y un trabajo colaborativo para avanzar progresivamente. La agenda que presentamos contiene 14 prioridades estratégicas sustentadas en el trabajo directo que realizamos y que cada año alcanza a más de 400,000 niñas, niños, jóvenes y sus comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional; así como en la colaboración que mantenemos con gobiernos, sector privado, organismos internacionales y sociedad civil. Se trata de propuestas viables para tener un impacto a gran escala, y tienen la capacidad de transformar los problemas de fondo que enfrenta nuestra sociedad, como la pobreza, la violencia y las desigualdades.

Consideramos que el gobierno debe entender que su prioridad hoy son las niñas, niños y adolescentes, y que sus acciones de Estado deben encaminarse a mejorar de manera efectiva las terribles realidades que enfrentan todos los días millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país.

Por eso hacemos un llamado a las y los ciudadanos para exigir a las y los funcionarios electos que en sus agendas y programas de gobierno incluyan de forma prioritaria acciones específicas para garantizar que cada niña y niño tenga acceso a bienes y servicios públicos de calidad, que aseguren su supervivencia, aprendizaje, protección, participación y desarrollo.

A las y los candidatos electos, en especial a la próxima presidenta de México: requerimos de su compromiso urgente para que, en la elaboración de su Plan Nacional de Desarrollo, las niñas y niños sean una prioridad. Porque no hay legado más grande para la líder de una nación, que un país que respeta, cuida y protege a las niñas, niños y adolescentes en su territorio.

Agenda del Pacto por la Primera Infancia

Introducción

El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa ciudadana de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la primera infancia una prioridad nacional. Somos una organización de la sociedad civil con identidad jurídica propia y coordinamos un colectivo compuesto por más de 500 instituciones, instancias académicas, organismos, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones empresariales, que se ubican en toda la República Mexicana.

El 22 de abril de 2024 la virtual presidenta electa de nuestro país suscribió el compromiso del Pacto por la Primera Infancia. En él reconoció la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar el ejercicio pleno de los derechos desde el nacimiento. Por ello, se comprometió a que, al tomar posesión como titular del Ejecutivo federal, haría de la primera infancia una prioridad de su gobierno y dispondría las acciones y recursos necesarios para alcanzar el cumplimiento de 12 metas y seis condiciones institucionales acordadas con el colectivo del Pacto por la Primera Infancia.

Propuestas

Las 12 metas del Pacto para el periodo 2024-2030 se enmarcan en cuatro componentes de la ruta integral de atención para la primera infancia: i) salud y nutrición, ii) educación y cuidados, iii) protección y iv) bienestar.

Salud y nutrición:

  1. Para niñas y niños de 1 y 2 años, inmunizar por lo menos al 90% a través de la aplicación del esquema de vacunación prescrito.
  2. Para las niñas y niños en la primera hora de vida, incrementar a 75% la lactancia y en niñas y niños menores de 6 meses, aumentar a 50% la lactancia materna exclusiva.
  3. Para menores de 5 años, reducir la desnutrición crónica por lo menos al 8%, y la anemia y la prevalencia de sobrepeso y obesidad al 5%.
  4. En niñas y niños recién nacidos, aplicar el tamiz neonatal por lo menos al 90%; y brindarles, en su caso, atención especializada a partir del diagnóstico; y, para niñas y niños con discapacidad llevar al 80% la cobertura en servicios de salud y educación.
  5. Para las niñas y niños menores de 5 años, incrementar a 90% la proporción con un adecuado desarrollo infantil temprano y a 50% la cobertura de evaluaciones anuales de desarrollo.

Educación y cuidados:

  1. En niñas y niños menores de 3 años, incorporar por lo menos al 20% a la educación inicial en cualquiera de sus modalidades.
  2. Para las niñas y niños a partir de los 3 años, asegurar que al menos 85% reciba educación preescolar de calidad.
  3. Para las familias con niñas y niños menores de 6 años, alcanzar al 30% de ellas con programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible.

Protección:

  1. Para las niñas y niños antes de cumplir 1 año, lograr que el 90% esté inscrito en el registro civil y que a los 5 años el 100% esté registrado.
  2. Para la erradicación de las violencias contra la infancia, a disminuir en 20% el uso de métodos violentos de disciplina; y para niñas y niños menores de 6 años reducir en 50% la violencia sexual y las desapariciones.

Bienestar:

  1. Para niñas y niños menores de 5 años, incrementar en 10% la participación de sus madres y padres en actividades de juego, así como la disponibilidad, acceso y calidad de espacios públicos para el juego de la primera infancia.
  2. La consecución de estas metas, junto con las intervenciones propias de otras políticas públicas, contribuirá a que la primera infancia vea reducida 8 puntos porcentuales su participación en la pobreza y 3 puntos en la pobreza extrema.

Cada una de estas metas se acompaña de indicadores específicos que nos permitirán su monitoreo durante los próximos seis años, y de seis condiciones institucionales necesarias para su cumplimiento.

La agenda del Pacto por la Primera Infancia busca lograr el desarrollo y bienestar integral de la niñez desde la primera infancia mediante la reducción de sus carencias, la disminución de las brechas de desigualdad y el pleno ejercicio de sus derechos a la salud, nutrición, educación, cuidados, juego, oportunidades de aprendizaje, protección y bienestar, empezando por quienes viven en condición de pobreza y pobreza extrema en todos los estratos y regiones geográficas de México.

Esta agenda ha sido avalada con un Comité de Expertos y por más de 500 instituciones que integran nuestro colectivo. Actualmente, el Pacto por la Primera Infancia ha sido suscrito por 16 gobernadoras y gobernadores: Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán, Campeche, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Guerrero, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Guanajuato.

Agenda del pacto por la primera Infancia: Leer la agenda ampliada

Pacto firmado por la Dra. Claudia Sheinbaum: Ver pacto

Agenda Estatal: Leer agenda

Integrantes del pacto: Integrantes del Colectivo

Compromiso con la Niñez, #SuFuturoEsHOY

Introducción

Compromiso con la Niñez es una iniciativa que hace un llamado urgente y necesario en el contexto actual, donde la niñez y la adolescencia en México enfrentan desafíos sin precedentes que requieren acciones inmediatas y comprometidas de todos los sectores de la sociedad.

Las organizaciones promotoras de esta agenda hemos identificado ocho compromisos fundamentales para el país, que se acompañan de sus respectivas recomendaciones para la política pública, así como de nuestro compromiso en su acompañamiento e implementación.

Propuestas

“Compromiso con la niñez, #SuFuturoEsHOY” busca visibilizar y promover que todas las niñas, niños y adolescentes en México, así como sus necesidades y derechos, sean una prioridad en la composición, desarrollo y futuro del país, y ponderarla en la agenda pública de los actores políticos y gubernamentales que definen el rumbo institucional, social, político y legislativo del país.

Nuestra iniciativa plantea fundamentalmente ocho compromisos con acciones concretas a las que todas y todos debemos contribuir y que deben implementarse por el Estado mexicano en materia de salud, educación, seguridad, protección, participación y acceso a oportunidades para toda la niñez y adolescencia, incluyendo enfoques diferenciados para poblaciones específicas como la niñez migrante e indígena, entre otras.

Principales áreas de acción:

1.  Construcción de un marco normativo robusto. Trabajar hacia la creación de leyes y regulaciones que fortalezcan el marco normativo para la protección de la niñez.

2.   Participación social y comunitaria activa. Fomentar un ambiente donde la sociedad civil y las comunidades puedan participar activamente en la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

3. Colaboración intergubernamental. Establecer mecanismos de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar la implementación eficaz de políticas y programas.

Entre sus puntos clave se encuentran:

  1. Priorizar los derechos de la niñez y adolescencia. Reforzar los mecanismos de protección y garantía de derechos para asegurar que las políticas públicas pongan sus necesidades y bienestar en el centro.
  2. Fortalecer los sistemas de protección y presupuesto para la niñez. Aumentar y optimizar el gasto público a la infancia y dotar a las instancias de recursos humanos y financieros adecuados que permitan a las instancias dedicadas a la infancia velar por sus derechos y a las niñas, niños y adolescentes gozar plenamente de ellos. 
  3. Impulsar la protección integral contra las violencias. Implementar y fortalecer programas y políticas que protejan a las niñas, niños y adolescentes de todas las formas de violencia, abuso y negligencia.
  4. Asegurar el derecho a la vida en familia en sus diversos matices. Diseñar e implementar acciones para prevenir la separación familiar de niñas, niños y adolescentes y para asegurar modelos de cuidados alternativos de calidad ante circunstancias que lo requieran.
  5. Promover la educación inclusiva, de calidad y la salud para el desarrollo pleno. Impulsar reformas educativas que incluyan la adaptación a nuevas tecnologías y métodos de enseñanza al tiempo en que se asegura el acceso a servicios de salud y nutrición adecuadas.
  6. Garantizar y proteger los derechos con un enfoque interseccional. Maximizar y transversalizar la protección integral y especial de derechos de niñas, niños y adolescentes con necesidades específicas como la niñez en movilidad (acompañada, separada o no acompañada), desplazada forzada, indígena, con discapacidad y trabajadora, entre otras niñeces y adolescencias que necesitan de una atención integral y/o de protección especial para la materialización efectiva de sus derechos.
  7. Potencializar la participación infantil y ciudadana. Hacer efectivos los mecanismos permanentes y activos de participación de niñas, niños y adolescentes en las instancias públicas, en particular en los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de cada estado de la República.

Quiénes presentan la agenda:

Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A.C.; Educando en los Derechos y la Solidaridad EducaDyS; Fundación Juconi México, A.C.; Fundación UNNIDO; Kids in Need of Defense, México (KIND); Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI); Plan International México; Red por Derechos de la Infancia en México (REDIM); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, A.C. (SEIINAC); Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; y World Vision México.

El México del 2024: propuestas para la movilidad social

Introducción

Desde su fundación en 2005, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha participado de manera constructiva en las campañas de elección presidencial. En 2006, se llevó a cabo una evaluación conjunta de las plataformas electorales de cada una de las candidaturas. En 2012, en colaboración con especialistas, se desarrolló una propuesta de reforma hacendaria y de construcción de un sistema de protección universal. En los años siguientes, el tema de la movilidad social se convirtió en el eje transversal de reflexión. Para las elecciones de 2018 y con base en el diagnóstico de país generado a partir del análisis de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (ESRU-EMOVI), realizada cada seis años por el CEEY, se elaboró una propuesta general de política pública. Estos esfuerzos han sido fundamentales para definir la identidad del CEEY, reconocida públicamente en relación con la movilidad social y la igualdad de oportunidades. En los últimos seis años, el Centro ha establecido una Serie de Documentos de Trabajo de Movilidad Social e instrumentado una estrategia de comunicación digital que ha permitido ampliar su alcance más allá de un ámbito especializado.

Propuestas

En el marco de la elección presidencial 2024, el CEEY ha optado por crear una nueva Serie de Documentos de Trabajo de Política Pública. Con base en el diagnóstico de movilidad social e igualdad de oportunidades en México, se ha convocado a especialistas a plantear propuestas en siete ámbitos: educación, salud, mercado de trabajo, desarrollo regional, cuidados, inclusión financiera y pensiones. Los autores de los documentos han seguido una estructura previamente determinada y han recibido comentarios tanto del equipo de investigadores del CEEY como de un panel de expertos en cada materia. A partir de los documentos de trabajo resultantes, el Centro ha elaborado siete notas de política pública. Si bien estas notas se basan principalmente en los documentos correspondientes, son de la autoría y responsabilidad únicas del CEEY. Su objetivo no es agotar la discusión y proporcionar una solución definitiva, sino destacar la importancia de ciertas áreas específicas y ofrecer una guía general de acción para la toma de decisiones en el país. Independientemente de la postura ideológica y partidista, estas notas son valiosas como recurso durante el proceso electoral, la transición gubernamental y el periodo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. México se encuentra inmerso en un proceso histórico de definición política y social; en este contexto, enfrenta desafíos significativos, incluida una baja movilidad social y una persistente desigualdad de oportunidades entre generaciones. La construcción de un nuevo contrato social sostenible exige abordar y resolver estos problemas. Esperamos que los esfuerzos del CEEY y sus colaboradores contribuyan a establecer las bases y la operacionalización de un Estado mexicano moderno, funcional y comprometido con la libertad efectiva de sus ciudadanos.

Principales apartados de la propuesta del CEEY

  1. Desarrollo regional. Disminuir las desigualdades regionales a partir de un esquema fiscal que asigne más recursos a los estados que están en mayor desventaja.
  2. Cuidados. Construir un Sistema de Cuidados para reducir la brecha de género y mejorar las condiciones de las personas que necesitan y que brindan cuidados.
  3. Educación. Mejorar la asignación de recursos y la movilidad educativa mediante el gasto público y el fortalecimiento de las instituciones educativas.
  4. Mercado laboral. Mejorar las condiciones laborales mediante el aumento al salario mínimo y el combate a la discriminación a través de diversas medidas dentro de las empresas.
  5. Salud. Garantizar el acceso universal y equitativo a la salud: incrementar y mejorar la asignación del gasto público; y fusionar las principales instituciones de salud.
  6. Inclusión financiera. Enfocar los esfuerzos de la política pública de inclusión financiera para lograr un mayor impacto a lo largo del ciclo de vida de la población.
  7. Pensiones. Integrar un sistema nacional de pensiones para que el total de la población de adultos mayores tenga una cobertura mínima para una vejez digna.

Investigaciones centrales: https://linktr.ee/ceeymx

11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo 2024-2030

Introducción

Una veintena de organizaciones de la sociedad civil, redes y activistas defensoras y acompañantes de la población en situación de movilidad humana en México y en Centroamérica lanzamos la iniciativa “11 ejes para una nueva política migratoria”. Una propuesta apartidista y sin fines de lucro que busca generar un consenso entre las fuerzas políticas, sociales y empresariales para colocar en el centro de la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y personas mexicanas residentes en el exterior. Se trata de un esfuerzo urgente para atender el contexto actual, donde las violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana son la regla y no la excepción, lo cual requiere de acciones concretas para enfrentar los desafíos desde todos los sectores de la sociedad mexicana.

Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa partimos de la fuerte convicción de que invertir en la integración duradera de personas en situación de movilidad humana en el país no solo es un deber moral, sino que es la base para la prosperidad sostenible y el enriquecimiento cultural de la sociedad mexicana. Indignadas y preocupadas por la tendencia en aumento de un discurso negativo en torno a las migraciones —provocativo y divisivo— y la adopción de políticas migratorias basadas en un enfoque de seguridad nacional y criminalización, las organizaciones y personas que suscribimos esta propuesta invitamos a la nueva generación de personas tomadoras de decisión, medios de comunicación, sector privado, activistas, familias y personas de a pie a apropiarse de la iniciativa y hacerla suya.

Propuestas

Se proponen 11 ejes temáticos con recomendaciones para que sean implementadas tanto por la nueva Legislatura del Congreso de la Unión que inicia el 1 de septiembre de 2024, como por la Presidencia de la República que asume su cargo el 1 de octubre, de tal forma que garanticemos un México incluyente y diverso en el corto plazo.

  1. Construcción de una política de integración sostenible en donde los derechos de las personas en contextos de movilidad humana sean respetados, protegidos y garantizados.
  2. Fortalecimiento del sistema de asilo, garantizando que la entidad especializada cuente con la autonomía y capacidad institucional para responder a los nuevos retos.
  3. Atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad.
  4. Eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias y la puesta en marcha de medidas que garanticen la libertad de las personas durante cualquier procedimiento administrativo o de asilo en el territorio mexicano.
  5. Prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad humana.
  6. Desmilitarización del control migratorio.
  7. Protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana.
  8. Transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo y atención integral a la violencia basada en género.
  9. Fortalecimiento de la política exterior en materia de migración y asilo para incluir la perspectiva regional, multicausal y la participación de la sociedad civil.
  10. Fortalecimiento de acciones binacionales para avanzar hacia la garantía y el respeto de los derechos de las personas mexicanas en el exterior y en situación de retorno en México.
  11. Reconocimiento del cambio climático y de los desastres como causa estructural y muchas veces irreversible del desplazamiento.

Organizaciones de la sociedad civil, redes y personas defensoras de derechos humanos que suscriben este documento: Alethia Fernández de la Reguera, UNAM; Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.; Asylum Access México; Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena A.C.; Comisión de Acción Social Menonita; Derechos Humanos Integrales en Acción; Dimensión Pastoral del Trabajo; Educación contra el Racismo, A.C. “RacismoMX”; Federación Luterana Mundial; FM4 Paso Libre; Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas; Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; Aldeas Infantiles SOS México, IAP; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; Paso de Esperanza A.C.; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save the Children México; Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón Chelius, analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, investigador especialista en migración; Gloria Ciria Valdéz Gardea, fundadora y coordinadora del Seminario Niñez Migrante; IDC International Detention Coalition (Observadoras); Melissa Vertiz Hernández, secretaria técnica del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI); Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.; Dr. Juan Carlos Narváez Gutiérrez, director general de Investigación Multidisciplinaria Aplicada, Laboratorio Social; Lucía G. Chávez Vargas; Movilidades Libres y Elegidas-CoLibres; Paso de Esperanza, A.C.; Pastoral de Migración de la Iglesia Luterana Mexicana; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Red por los Derechos de la Infancia en México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Sin Fronteras IAP; Uno de Siete Migrando A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Te invitamos a leer la agenda ampliada

Agenda Ampliada: Ver más

Sitios

Instituto para las Mujeres en la Migración: https://imumi.org/

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria: https://gtpm.mx/

Redes

Instituto para las Mujeres en la Migración: 

X (Twitter): https://x.com/IMUMIDF

Facebook: https://www.facebook.com/IMUMIAC/

Instagram: https://www.instagram.com/imumi_mx/

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria:

X (Twitter): https://x.com/GTPM_MX
Facebook:  https://www.facebook.com/GTPM.Mx

Grupo de Acción contra la No Detención de Personas Refugiadas: 

X (Twitter): https://x.com/GADetencion

Contactos

Dinorah Arceta, coordinadora de Incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración:
incidencia@imumi.org
55 1195 2667

Melissa Vertiz Hernández, secretaría técnica, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria:
gtpoliticamigratoria@gmail.com
55 2398 6483

Diana Martínez Medrano, Grupo de Acción contra la No Detención de Personas Refugiadas:
dmartinez@idcoalition.org
56 2773 3603

Cinco propuestas para construir un México forestal

Introducción

Para tener más y mejores bosques no es suficiente con incrementar el manejo forestal, plantar más árboles o decretar más áreas naturales protegidas. Para alcanzar el potencial forestal del país necesitamos actuar de manera distinta a lo que se ha hecho en las últimas décadas.

México, como el resto de los países, quiere alcanzar un desarrollo sostenible, y para ello se ha propuesto metas como acelerar la transición energética para al menos generar el 46% con energías limpias para 2030, contar con una tasa neta de 0% de deforestación, alcanzar la seguridad alimentaria, lograr la restauración de los ecosistemas degradados, etcétera.

La agenda ambiental, sin duda, es uno de los elementos más importantes para alcanzar dicho desarrollo; sin embargo, no ha sido uno de los temas prioritarios en las últimas administraciones gubernamentales. La administración que está por comenzar (2024-2030) puede actuar de manera distinta, al reconocer el tema ambiental como un asunto transversal que brinda soporte o sustento a todas las demás agendas de desarrollo.

Esta agenda la presentamos desde Reforestamos México, pero es resultado de infinidad de conversaciones con otras organizaciones, comunidades y empresas forestales, con personas expertas en políticas públicas, gente que se ha dedicado a estudiar y a desarrollar el ecosistema del emprendimiento, profesionales que buscan implementar —en su quehacer diario— las agendas internacionales en nuestro país, entre otros importantes actores del sector forestal.

Propuestas

El tema ambiental no es exclusivo de Semarnat, Conanp, Conabio, Conagua, así como la agenda forestal no es exclusiva de Conafor, por lo que el documento que presentamos es una propuesta para transversalizar la agenda forestal, aunque, sin duda, aplica para la agenda ambiental en general.

Para lograr que el tema ambiental sea transversal es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente una política de incentivos fiscales que promuevan las acciones en favor de los bosques, además de los impuestos verdes; que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes compense y evite lo más posible la fragmentación y afectación de ecosistemas por la construcción de infraestructura; que la Secretaría de Economía fortalezca y promueva el desarrollo de negocios compatibles con los bosques, que no generen deforestación, así como empresas que desarrollen soluciones basadas en la naturaleza; que la Secretaría del Trabajo fomente y facilite la creación de empleos verdes que respondan a la necesidad de combatir la pobreza, entre otras medidas.

La experiencia de más de 22 años trabajando en favor de los bosques y las personas que viven en y de ellos nos ha enseñado que el desarrollo forestal no se logrará únicamente plantando más árboles o promoviendo entre la población el amor por los bosques, sino que se necesita crear las condiciones propicias para que las personas y sus empresas forestales prosperen, que las empresas incorporen bienes forestales nacionales en sus cadenas de valor, que las políticas públicas tengan por objetivo desarrollar todo el potencial forestal que hay en el país. Al respecto, hemos identificado cinco tópicos fundamentales para el desarrollo forestal:

  1. Considerar la agenda de bosques como un tema de seguridad nacional por su vínculo con la gobernanza en el territorio, la gestión de recursos esenciales como el agua y la mitigación y adaptación a la emergencia climática.
  2. Contar con una estrategia o plan de acción que tenga por objetivo la investigación, innovación y tecnología en la agenda de bosques y la biodiversidad, para tomar mejores decisiones basadas en el conocimiento.
  3. Propiciar alianzas multisectoriales al servicio de los ejidos y comunidades, para brindar certidumbre en inversiones relacionadas con los bienes y servicios forestales, así como la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.
  4. Fomentar el empoderamiento y capacidades locales para el manejo forestal y el desarrollo de cadenas de valor a partir del buen manejo de los bosques y selvas.
  5. Desarrollar una agenda nacional de resiliencia urbana, salud pública y paz social sustentada en bosques urbanos y árboles.

Para lograr la implementación de esta agenda es indispensable que los diferentes niveles de gobierno se comprometan con una política de transparencia, fortalecimiento de la participación e involucramiento de los actores sociales en la toma de decisiones y, sobre todo, en garantizar el acceso a la justica para así consolidar el Estado de derecho, en concordancia con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el gobierno de México.

Un llamado urgente por el agua

Introducción

Redes del Agua México es una red de redes y organizaciones de la sociedad civil en América Latina (a nivel continental consta de tres subregiones). Nuestra Red busca contribuir, a partir de una experiencia local, a una visión nacional y regional para la toma de decisiones en políticas públicas, dando a conocer los retos, necesidades y alternativas que las comunidades rurales, periurbanas y urbanas experimentan en torno a la gestión del agua y el acceso a esta y al saneamiento como derechos humanos.

Propuestas

La agenda que presentamos busca ofrecer un diagnóstico breve pero contundente acerca del agua en México, dando cuenta de los principales problemas que experimenta el país en la materia. Asimismo, enfatiza las líneas prioritarias que la nueva administración gubernamental (2024-2030) debería incorporar en su plan de desarrollo para poder transitar hacia un modelo de gestión que nos permita lograr una distribución equitativa y ambientalmente sostenible, que permita contar con agua para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Contribuimos al entendimiento del derecho humano al agua y saneamiento y la implementación a nivel local de las metas relacionadas al agua, según los acuerdos internacionales, y a la comprensión de sus vínculos con el cambio climático, la equidad de género y la biodiversidad, entre otras interdependencias.

Ofrecemos información y generamos espacios de intercambio de experiencias mediante talleres participativos que fortalecen las capacidades de las comunidades y de otros actores locales clave, para exigir o garantizar los derechos al agua y a un sistema sanitario e higiene, y participar en la implementación de un modelo de manejo del agua que respete los ecosistemas y los derechos humanos. Influimos así, a nivel global, regional y nacional, en las prácticas y políticas hídricas para que estas sean sostenibles, equitativas y logren resultados a nivel local.

Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento: una mirada desde el Sureste de México

Introducción

La Agenda de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento ofrece una visión integral acerca de cómo se han organizado las comunidades rurales del Sureste mexicano para garantizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento ante la falta de capacidad de los ayuntamientos municipales.

En este documento se exponen los problemas críticos de acceso al agua segura y el saneamiento, destacando las desigualdades existentes y la necesidad de un reconocimiento institucional para las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS). Asimismo, con la colaboración de diversas organizaciones, se han implementado acciones concretas que han beneficiado a miles de personas, fortaleciendo capacidades locales y promoviendo alianzas público-comunitarias.

Propuestas

Las propuestas estratégicas que se dirigen a la próxima administración federal buscan cerrar las brechas de la desigualdad y garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento para las poblaciones más vulnerables. Esta agenda fue desarrollada por las organizaciones: Fondo para la Paz, Centinelas del Agua, Avsi México, Cántaro Azul, Fundación Avina, con el financiamiento de las fundaciones Gonzalo Río Arronte y la W. K. Kellogg.

Las organizaciones referidas conformamos, desde hace seis años, una alianza para el fortalecimiento y consolidación de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento en seis estados del Sureste: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, beneficiando a más de 170 localidades rurales y alrededor de 30,000 personas directamente. Las acciones realizadas incluyen:

  • Fortalecimiento de capacidades: Capacitación de líderes y comités comunitarios de agua.
  • Mejora de infraestructura: Implementación de tecnologías y mejoras en infraestructura para acceso al agua.
  • Asociatividad y alianzas: Promoción de estructuras asociativas entre OCSAS y alianzas público-comunitarias.
  • Campañas de comunicación: Fomentar el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua.

Hacia el rescate del campo y la soberanía alimentaria

Introducción

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador las acciones de fomento a la organización social y la atención a problemas productivos y comerciales en el campo fueron erráticas; y muy pocas iniciativas, en la marginalidad, pudieron mantenerse. En este vacío de oportunidades se gestó, “a ras de tierra”, una nueva configuración organizativa para enfrentar el histórico rezago agrario e incidir en la mejora de los programas rurales destinados al campo (Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Sembrando Vida).

Propuestas

Hacia finales de 2019, en el marco de la primera Convención Agrarista, los comisariados ejidales y comunales de Guerrero, además de tomar en sus manos los temas agrarios, decidieron intervenir en la mejora del Programa de Fertilizantes, que en su primer año de operación federal tuvo múltiples deficiencias: padrón de beneficiarios abultado, entrega tardía del insumo, insuficiencias operativas, burocratismo en la entrega, entre otras. Esto provocó un año de conflictos sociales en distintas regiones de la entidad, que resultaron en la toma de carreteras y bodegas, retención de funcionarios y asalto a camiones de fertilizantes. Para revertir esta situación la intervención de los comisariados fue determinante. En su papel de autoridades legítimas de los núcleos agrarios y como contralores sociales del Programa de Fertilizantes, lograron en 2021 la depuración del padrón de beneficiarios, la inclusión de 50,000 productores que no habían sido considerados, la entrega oportuna de fertilizantes y la simplificación de la tramitología para recibir el insumo.

En su segunda Convención Agrarista, los comisariados guerrerenses —ya organizados como coordinadora estatal— decidieron incidir también en los programas: Producción para el Bienestar, Sembrando Vida y Precios de Garantía, en los que, respectivamente, lograron: el inicio en Guerrero de la estrategia de acompañamiento técnico para promover la transición agroecológica, la inclusión de nuevas comunidades como sembradoras y la apertura de centros de acopio de maíz donde realmente se necesitaba. En esta convención se suscribió el Acuerdo político para impulsar el nuevo agrarismo, el desarrollo integral y la gobernanza en el campo (Anexo 1); y, contando con la presencia de comisariados de 14 entidades del país, se estableció el compromiso de replicar el modelo organizativo de Guerrero en todo el país.

El 10 de abril de 2023, luego de realizar convenciones en 14 entidades del país, tuvo lugar en la Ciudad de México la 1ª Convención Nacional Agrarista, de la que surgió la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades y el Manifiesto Agrarista Nacional (Anexo 2).

Considerando las agendas de Guerrero (2021) y la nacional (2023), la Coordinadora de Comisariados impulsó una alianza más amplia con otras 23 organizaciones campesinas regionales y nacionales, concretada en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 2024, con la firma del Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana con la presidenta electa doctora Claudia Sheinbaum (Anexo 3).

Este acuerdo es un resumen de la Propuesta para el rescate del campo (Anexo 4), elaborada por las organizaciones firmantes y el equipo de trabajo de la doctora Sheinbaum, para incorporarla al Programa de Gobierno 2024-2030. Dicho documento contiene los siguientes ejes temáticos:

  1. Respaldo decidido a los 100 pasos de la segunda etapa de la Cuarta Transformación.
  2. Impulsar conjuntamente las iniciativas de reforma constitucional.
  3. Impulsar de manera prioritaria los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
  4. Continuidad —con cambios— de los programas de apoyo al pequeño y mediano productor; y de los programas de bienestar.
  5. Transformación del sistema alimentario y nutricional.
  6. Revisión del capítulo agropecuario del TMEC para fortalecer la soberanía alimentaria.
  7. Nuevo agrarismo para enfrentar el rezago agrario y actualizar el marco jurídico e institucional.
  8. Agua para la soberanía alimentaria.
  9. Agroenergía para la soberanía alimentaria y el bienestar comunitario.
  10. Transición agroecológica en sistemas productivos.
  11. Precios justos, certidumbre en la comercialización y ordenamiento de mercados de granos.
  12. Fomento a la capitalización y acceso al financiamiento de las unidades de producción agrícola de pequeña y mediana escala.
  13. Interlocución con las organizaciones campesinas, indígenas y afromexicanas.
  14. Garantizar los derechos de las familias jornaleras agrícolas.
  15. Ejercicio de los derechos plenos de las mujeres rurales.
  16. Paridad de género en las secretarías y entidades vinculadas al campo.
  17. Recuperación de las juventudes.
  18. Construcción de la paz con justicia y bienestar.
  19. Atención y solución de los conflictos socioambientales.
  20. Rectoría del Estado para la soberanía alimentaria.
  21. Regeneración del campo mexicano, tarea compartida del gobierno y trabajadores del campo.

Los comisariados ejidales y comunales son autoridades agrarias locales encargadas de resguardar y administrar una determinada porción de tierra para beneficio de sus habitantes. Se eligen cada tres años en asambleas convocadas conforme lo indica la Ley Agraria. Desde 2021, a partir de convenciones estatales agraristas, los comisariados vienen operando como Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, y su presencia se extiende a más de la mitad de las entidades del país.

Enlaces

Anexo 1. Acuerdo político para impulsar el Nuevo Agrarismo, el Desarrollo Integral y la gobernanza en el campo (p. 31)

Anexo 2. Manifiesto Agrarista Nacional

Anexo 3. Acuerdo Nacional para una Republica Rural Justa y Soberana

Anexo 4. Propuesta para el rescate del campo

Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática en México visión 2024-2030

Introducción

El avance del cambio climático en México y en el mundo ha evidenciado la urgencia de que las economías, sociedades y gobiernos se preparen ante los impactos negativos de este fenómeno planetario y aceleren sus acciones para evitar mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que intensificarían los efectos perjudiciales en los años por venir. En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil en México nos hemos reunido para construir una propuesta de Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática en México visión 2024-2030, a través del cual pretendemos transformar la economía y la sociedad para hacerlas menos dependientes de los combustibles fósiles y de las actividades extractivas, buscando promover un sentido regenerativo, adaptativo y resiliente. Dicha propuesta está construida a partir de una visión sistémica y transversal desde un enfoque de derechos humanos e igualdad, enfatizando la participación efectiva de las comunidades locales, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, juventudes, infancias y otros grupos vulnerados, en el diseño e implementación de políticas, leyes y normativas para hacer frente al problema climático a nivel nacional, estatal y municipal.

Este documento es el resultado de un esfuerzo colaborativo y coordinado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, con la participación de especialistas y personas preocupadas y ocupadas en la atención del cambio climático. Todas ellas participaron en una serie de talleres, entrevistas y consultas públicas desarrolladas entre junio de 2022 y agosto de 2023. A lo largo de este proceso, se contó con la participación de cerca de 1,000 personas.

Propuestas

Las propuestas reunidas en el Plan de Descarbonización reflejan las áreas identificadas como prioritarias en las ocho líneas de acción establecidas: economía circular regenerativa, transición energética justa, suelos vivos, defensa del territorio, agua, ciudades sostenibles, salud y finanzas sostenibles; y cuatro ejes de carácter transversal: equidad de género, derechos humanos, participación y transparencia, que exigen una coordinación sectorial e institucional, de políticas y regulación para su diseño e implementación (véase nuestra Agenda ampliada).

Nuestra agenda parte de diversas visiones sobre el México resiliente y regenerativo que necesitamos construir, para contribuir a limitar el aumento de la temperatura a 1.5 ºC a nivel global —momento en que muchas especies ya no podrán adaptarse— y que, según la ciencia, requiere de esfuerzos colectivos para reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 (IPCC, 2022). México, como país con altas emisiones globales de GEI y altamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático, no solo debe contribuir a esta misión, sino también liderar e implementar de manera acelerada acciones significativas para mitigar estos gases.

La implementación del Plan de Descarbonización tiene tres momentos clave: 1) brindar información a las personas aspirantes a la presidencia de México para el periodo 2024-2030, con el propósito de que integren estos puntos en sus plataformas y planes de gobierno, manifestando así su compromiso con este problema; 2) facilitar insumos para que quien gane las elecciones en 2024, tenga elementos para elaborar un Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 que integre la descarbonización y la resiliencia al clima; y 3) proveer información para que las y los representantes sectoriales tengan insumos al desarrollar sus planes sectoriales 2024-2030, y que sirvan como base para actualizar y aumentar la ambición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC), así como su Estrategia de Largo Plazo en materia de cambio climático.

Aunado a esto, durante 2024 se llevaron a cabo siete talleres multiactor (seis estatales y uno regional; en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Baja California, y La Paz; y uno en la región Sur-Sureste del país que abarcó los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz) en los cuales se presentó el Plan para abrir un diálogo acerca de las problemáticas locales y generar propuestas específicas para mejorar la política climática en cada estado atendiendo al contexto local.

Es importante destacar que las personas que funjan como funcionarios públicos en el país durante el sexenio 2024-2030 tendrán la oportunidad “única” de acelerar la acción climática, pues según distintas evaluaciones científicas nos encontramos en el “punto de no-inflexión” para revertir el camino y asegurar un ambiente sano y vivible para las generaciones presentes y futuras.