Categoría: Medio Ambiente

Introducción

Para tener más y mejores bosques no es suficiente con incrementar el manejo forestal, plantar más árboles o decretar más áreas naturales protegidas. Para alcanzar el potencial forestal del país necesitamos actuar de manera distinta a lo que se ha hecho en las últimas décadas.

México, como el resto de los países, quiere alcanzar un desarrollo sostenible, y para ello se ha propuesto metas como acelerar la transición energética para al menos generar el 46% con energías limpias para 2030, contar con una tasa neta de 0% de deforestación, alcanzar la seguridad alimentaria, lograr la restauración de los ecosistemas degradados, etcétera.

La agenda ambiental, sin duda, es uno de los elementos más importantes para alcanzar dicho desarrollo; sin embargo, no ha sido uno de los temas prioritarios en las últimas administraciones gubernamentales. La administración que está por comenzar (2024-2030) puede actuar de manera distinta, al reconocer el tema ambiental como un asunto transversal que brinda soporte o sustento a todas las demás agendas de desarrollo.

Esta agenda la presentamos desde Reforestamos México, pero es resultado de infinidad de conversaciones con otras organizaciones, comunidades y empresas forestales, con personas expertas en políticas públicas, gente que se ha dedicado a estudiar y a desarrollar el ecosistema del emprendimiento, profesionales que buscan implementar —en su quehacer diario— las agendas internacionales en nuestro país, entre otros importantes actores del sector forestal.

Propuestas

El tema ambiental no es exclusivo de Semarnat, Conanp, Conabio, Conagua, así como la agenda forestal no es exclusiva de Conafor, por lo que el documento que presentamos es una propuesta para transversalizar la agenda forestal, aunque, sin duda, aplica para la agenda ambiental en general.

Para lograr que el tema ambiental sea transversal es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente una política de incentivos fiscales que promuevan las acciones en favor de los bosques, además de los impuestos verdes; que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes compense y evite lo más posible la fragmentación y afectación de ecosistemas por la construcción de infraestructura; que la Secretaría de Economía fortalezca y promueva el desarrollo de negocios compatibles con los bosques, que no generen deforestación, así como empresas que desarrollen soluciones basadas en la naturaleza; que la Secretaría del Trabajo fomente y facilite la creación de empleos verdes que respondan a la necesidad de combatir la pobreza, entre otras medidas.

La experiencia de más de 22 años trabajando en favor de los bosques y las personas que viven en y de ellos nos ha enseñado que el desarrollo forestal no se logrará únicamente plantando más árboles o promoviendo entre la población el amor por los bosques, sino que se necesita crear las condiciones propicias para que las personas y sus empresas forestales prosperen, que las empresas incorporen bienes forestales nacionales en sus cadenas de valor, que las políticas públicas tengan por objetivo desarrollar todo el potencial forestal que hay en el país. Al respecto, hemos identificado cinco tópicos fundamentales para el desarrollo forestal:

1. Considerar la agenda de bosques como un tema de seguridad nacional por su vínculo con la gobernanza en el territorio, la gestión de recursos esenciales como el agua y la mitigación y adaptación a la emergencia climática.
2. Contar con una estrategia o plan de acción que tenga por objetivo la investigación, innovación y tecnología en la agenda de bosques y la biodiversidad, para tomar mejores decisiones basadas en el conocimiento.
3. Propiciar alianzas multisectoriales al servicio de los ejidos y comunidades, para brindar certidumbre en inversiones relacionadas con los bienes y servicios forestales, así como la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.
4. Fomentar el empoderamiento y capacidades locales para el manejo forestal y el desarrollo de cadenas de valor a partir del buen manejo de los bosques y selvas.
5. Desarrollar una agenda nacional de resiliencia urbana, salud pública y paz social sustentada en bosques urbanos y árboles.

Para lograr la implementación de esta agenda es indispensable que los diferentes niveles de gobierno se comprometan con una política de transparencia, fortalecimiento de la participación e involucramiento de los actores sociales en la toma de decisiones y, sobre todo, en garantizar el acceso a la justica para así consolidar el Estado de derecho, en concordancia con el Acuerdo de Escazú, ratificado por el gobierno de México.

Introducción

Redes del Agua México es una red de redes y organizaciones de la sociedad civil en América Latina (a nivel continental consta de tres subregiones). Nuestra Red busca contribuir, a partir de una experiencia local, a una visión nacional y regional para la toma de decisiones en políticas públicas, dando a conocer los retos, necesidades y alternativas que las comunidades rurales, periurbanas y urbanas experimentan en torno a la gestión del agua y el acceso a esta y al saneamiento como derechos humanos.

Propuestas

La agenda que presentamos busca ofrecer un diagnóstico breve pero contundente acerca del agua en México, dando cuenta de los principales problemas que experimenta el país en la materia. Asimismo, enfatiza las líneas prioritarias que la nueva administración gubernamental (2024-2030) debería incorporar en su plan de desarrollo para poder transitar hacia un modelo de gestión que nos permita lograr una distribución equitativa y ambientalmente sostenible, que permita contar con agua para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Contribuimos al entendimiento del derecho humano al agua y saneamiento y la implementación a nivel local de las metas relacionadas al agua, según los acuerdos internacionales, y a la comprensión de sus vínculos con el cambio climático, la equidad de género y la biodiversidad, entre otras interdependencias.

Ofrecemos información y generamos espacios de intercambio de experiencias mediante talleres participativos que fortalecen las capacidades de las comunidades y de otros actores locales clave, para exigir o garantizar los derechos al agua y a un sistema sanitario e higiene, y participar en la implementación de un modelo de manejo del agua que respete los ecosistemas y los derechos humanos. Influimos así, a nivel global, regional y nacional, en las prácticas y políticas hídricas para que estas sean sostenibles, equitativas y logren resultados a nivel local.

Introducción

La Agenda de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento ofrece una visión integral acerca de cómo se han organizado las comunidades rurales del Sureste mexicano para garantizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento ante la falta de capacidad de los ayuntamientos municipales.

En este documento se exponen los problemas críticos de acceso al agua segura y el saneamiento, destacando las desigualdades existentes y la necesidad de un reconocimiento institucional para las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS). Asimismo, con la colaboración de diversas organizaciones, se han implementado acciones concretas que han beneficiado a miles de personas, fortaleciendo capacidades locales y promoviendo alianzas público-comunitarias.

Propuestas

Las propuestas estratégicas que se dirigen a la próxima administración federal buscan cerrar las brechas de la desigualdad y garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento para las poblaciones más vulnerables. Esta agenda fue desarrollada por las organizaciones: Fondo para la Paz, Centinelas del Agua, Avsi México, Cántaro Azul, Fundación Avina, con el financiamiento de las fundaciones Gonzalo Río Arronte y la W. K. Kellogg.

Las organizaciones referidas conformamos, desde hace seis años, una alianza para el fortalecimiento y consolidación de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento en seis estados del Sureste: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, beneficiando a más de 170 localidades rurales y alrededor de 30,000 personas directamente. Las acciones realizadas incluyen:

• Fortalecimiento de capacidades: Capacitación de líderes y comités comunitarios de agua.
• Mejora de infraestructura: Implementación de tecnologías y mejoras en infraestructura para acceso al agua.
• Asociatividad y alianzas: Promoción de estructuras asociativas entre OCSAS y alianzas público-comunitarias.
• Campañas de comunicación: Fomentar el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua.

Introducción

El avance del cambio climático en México y en el mundo ha evidenciado la urgencia de que las economías, sociedades y gobiernos se preparen ante los impactos negativos de este fenómeno planetario y aceleren sus acciones para evitar mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que intensificarían los efectos perjudiciales en los años por venir. En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil en México nos hemos reunido para construir una propuesta de Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática en México visión 2024-2030, a través del cual pretendemos transformar la economía y la sociedad para hacerlas menos dependientes de los combustibles fósiles y de las actividades extractivas, buscando promover un sentido regenerativo, adaptativo y resiliente. Dicha propuesta está construida a partir de una visión sistémica y transversal desde un enfoque de derechos humanos e igualdad, enfatizando la participación efectiva de las comunidades locales, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, juventudes, infancias y otros grupos vulnerados, en el diseño e implementación de políticas, leyes y normativas para hacer frente al problema climático a nivel nacional, estatal y municipal.

Este documento es el resultado de un esfuerzo colaborativo y coordinado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, con la participación de especialistas y personas preocupadas y ocupadas en la atención del cambio climático. Todas ellas participaron en una serie de talleres, entrevistas y consultas públicas desarrolladas entre junio de 2022 y agosto de 2023. A lo largo de este proceso, se contó con la participación de cerca de 1,000 personas.

Propuestas

Las propuestas reunidas en el Plan de Descarbonización reflejan las áreas identificadas como prioritarias en las ocho líneas de acción establecidas: economía circular regenerativa, transición energética justa, suelos vivos, defensa del territorio, agua, ciudades sostenibles, salud y finanzas sostenibles; y cuatro ejes de carácter transversal: equidad de género, derechos humanos, participación y transparencia, que exigen una coordinación sectorial e institucional, de políticas y regulación para su diseño e implementación (véase nuestra Agenda ampliada).

Nuestra agenda parte de diversas visiones sobre el México resiliente y regenerativo que necesitamos construir, para contribuir a limitar el aumento de la temperatura a 1.5 ºC a nivel global —momento en que muchas especies ya no podrán adaptarse— y que, según la ciencia, requiere de esfuerzos colectivos para reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 (IPCC, 2022). México, como país con altas emisiones globales de GEI y altamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático, no solo debe contribuir a esta misión, sino también liderar e implementar de manera acelerada acciones significativas para mitigar estos gases.

La implementación del Plan de Descarbonización tiene tres momentos clave: 1) brindar información a las personas aspirantes a la presidencia de México para el periodo 2024-2030, con el propósito de que integren estos puntos en sus plataformas y planes de gobierno, manifestando así su compromiso con este problema; 2) facilitar insumos para que quien gane las elecciones en 2024, tenga elementos para elaborar un Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 que integre la descarbonización y la resiliencia al clima; y 3) proveer información para que las y los representantes sectoriales tengan insumos al desarrollar sus planes sectoriales 2024-2030, y que sirvan como base para actualizar y aumentar la ambición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC), así como su Estrategia de Largo Plazo en materia de cambio climático.

Aunado a esto, durante 2024 se llevaron a cabo siete talleres multiactor (seis estatales y uno regional; en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Baja California, y La Paz; y uno en la región Sur-Sureste del país que abarcó los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz) en los cuales se presentó el Plan para abrir un diálogo acerca de las problemáticas locales y generar propuestas específicas para mejorar la política climática en cada estado atendiendo al contexto local.

Es importante destacar que las personas que funjan como funcionarios públicos en el país durante el sexenio 2024-2030 tendrán la oportunidad “única” de acelerar la acción climática, pues según distintas evaluaciones científicas nos encontramos en el “punto de no-inflexión” para revertir el camino y asegurar un ambiente sano y vivible para las generaciones presentes y futuras.

Introducción

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización de la sociedad civil, no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro que desde hace 31 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. El eje fundamental de nuestro trabajo es el fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente.

Este documento busca destacar las problemáticas ambientales más urgentes que, desde el CEMDA, consideramos prioritarias. La próxima administración federal deberá abordarlas para avanzar en la protección del medio ambiente, los derechos humanos y, en última instancia, mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos y las mexicanas.

Propuestas

1. Expedir una Ley General de Aguas Nacionales con enfoque de derechos humanos que priorice el agua como un bien de las personas y los pueblos. Esta ley debe enfocarse en el manejo integral y sustentable del agua, así como garantizar la disponibilidad y calidad de ésta para las personas y comunidades, priorizando su uso sobre el industrial, agrícola y comercial.
2. Dotar a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del presupuesto necesario para cumplir con su objetivo de garantizar y conservar la biodiversidad, el agua y los ecosistemas necesarios para la vida. Es necesario reintegrar el 100% de los ingresos generados en las ANP a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En 2022, solo se devolvió el 29%. Además, deben publicarse los Programas de Manejo de las ANP en el tiempo legal establecido.
3. Frenar la pérdida de biodiversidad y mantener ecosistemas saludables. México debe cumplir con el objetivo “30 x 30” de conservar el 30% de su tierra y sus océanos para 2030 y revertir la deforestación. Se debe implementar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y establecer políticas de restauración de ecosistemas degradados. También es crucial regular el comercio electrónico de especies silvestres y exóticas.
4. Alejar a México de los combustibles fósiles. Es imperativo alejarse de los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición energética con fuentes renovables, respetando los derechos humanos, y garantizando la transparencia y el acceso a la información. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) debe garantizar que se cumpla la regulación existente en materia de emisiones de metano del sector hidrocarburos.
5. Otorgar autonomía a las procuradurías ambientales. Se debe otorgar autonomía a las procuradurías ambientales federales y estatales para asegurar una justicia ambiental independiente, conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú.
6. Lograr que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) sea, efectivamente, un instrumento preventivo para desarrollar alguna actividad productiva. El PEIA debe ser un verdadero instrumento preventivo que evalúe los impactos ecosistémicos, sociales y culturales de los proyectos, garantizando el derecho a la información y participación de las comunidades afectadas.
7. Asegurar que se garantice el derecho de acceso a la información en materia ambiental. Debe garantizarse el cumplimiento de los estándares de acceso a la información pública ambiental, facilitando la información sobre daños al medio ambiente y asegurando la participación informada en asuntos ambientales.
8. Garantizar un entorno seguro y propicio para las personas y comunidades que defienden el medio ambiente. Es necesario crear políticas de prevención y protección para las personas defensoras del medio ambiente, además de investigar y sancionar de forma efectiva las agresiones contra ellas. También se requiere fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas .
9. Transitar hacia una economía circular. México debe transitar de una economía lineal a una economía circular, además de diseñar una ley que elimine incentivos para productos contaminantes y que fomente la reutilización y el reciclaje de insumos.
10. Proteger y conservar nuestros mares y costas. Se requierecrear una Ley General de Mares y Costas, regular las plantas desalinizadoras, implementar un programa de conservación de humedales, garantizar la tenencia de tierras a comunidades pesqueras y proteger hábitats críticos para la pesca.

Además de los temas planteados, debe abordarse el manejo de residuos sólidos y peligrosos, la contaminación de cuerpos de agua, la prevención de incendios forestales, la concientización ambiental, la regulación de olores, los impactos de la minería y la minería ilegal, el transporte público ecológico, y la implementación efectiva de la legislación ambiental. Todo ello nos permitirá lograr un desarrollo sustentable que equilibre la inversión y el respeto al entorno natural.

Para una panorámica completa de las propuestas y sus alcances, le sugerimos al lector referirse a la agenda ampliada.

Introducción

El Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (CeIBA) es una asociación civil sin fines de lucro cuyos objetivos son: 1) promover espacios de diálogo para el análisis de temas críticos sobre sustentabilidad; 2) incidir en la formulación y ejecución de políticas públicas para la sustentabilidad, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia ambiental y el sistema jurídico para la protección del medio ambiente; 3) generar alianzas y vínculos con otras organizaciones que buscan la justicia ambiental y la sustentabilidad promoviendo frentes comunes para el intercambio de información, la búsqueda de consensos y la construcción de acuerdos; y 4) proponer, diseñar e implementar proyectos para contribuir a la sustentabilidad.

Nuestra misión es incidir en la construcción de la sustentabilidad, la conservación de la biodiversidad, la acción climática y la justicia ambiental mediante análisis interdisciplinarios y un diálogo plural basado en el mejor conocimiento disponible y en la experiencia de sus miembros.

A partir de nuestras observaciones y análisis y con el intercambio constante de opiniones con otras organizaciones, con los aprendizajes variados y, en general, con la experiencia colectiva acumulada, identificamos los planteamientos que consideramos prioritarios para que las políticas públicas respondan con más efectividad a los retos de la crisis ambiental actual, que afecta negativamente nuestra calidad de vida y representa una amenaza para el desarrollo del país.

CeIBA no tiene filiación política alguna y la participación de sus socios es a título individual. Sus integrantes nos involucramos en acciones de muy diverso tipo para promover un desarrollo humano compatible con la preservación de los ecosistemas, tanto en las comunidades como en los espacios académicos, las organizaciones ciudadanas, el servicio público, los foros internacionales, el asesoramiento y otras iniciativas más.

Propuestas

CeIBA presenta a la sociedad y a los grupos interesados el documento “Planteamientos estratégicos para la sustentabilidad en México 2024-2030: hacia un futuro posible”, cumpliendo así con su propósito de formular propuestas de solución a los problemas ambientales y promover cambios para lograr la sustentabilidad del desarrollo en el país.

Nuestro diagnóstico considera que en la actualidad enfrentamos una verdadera emergencia nacional y planetaria que se expresa principalmente en el deterioro y agotamiento de los ecosistemas y sus servicios a la sociedad, el calentamiento global y las afectaciones a la salud a causa de la contaminación atmosférica, de las aguas y los suelos. Factores, todos, que agravan los rezagos sociales y las desigualdades, e introducen más incertidumbres a futuro.

Asimismo, pensamos que tenemos una responsabilidad compartida entre sociedad y gobiernos, sin embargo, toca a las autoridades federales, estatales y municipales la tarea principal de emprender las iniciativas para que la política ambiental adquiera la relevancia que se requiere.

En esta agenda abordamos algunos de los problemas ambientales de forma transversal, es decir, con un enfoque que considera el desarrollo social y económico en un marco de justicia ambiental. Enfatizamos, igualmente, algunas prioridades nacionales, como son: lograr la deforestación cero en 2030; transformar los sistemas alimentarios con criterios de sustentabilidad; aumentar la ambición nacional en las metas de mitigación de gases de efecto invernadero de forma compatible con los compromisos del Acuerdo de París; incrementar la adaptación y resiliencia de la sociedad y los ecosistemas ante el cambio climático; proteger la salud pública controlando la contaminación atmosférica y otros impactos perniciosos en términos de aguas, suelos y biodiversidad; y formular e iniciar pronto la aplicación de una estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono hacia mediados de este siglo.

Nuestros planteamientos ponen de relieve los siguientes elementos y principios comunes: otorgar mayor importancia y centralidad a la conservación, al manejo sustentable y a la restauración del patrimonio natural y sus servicios ambientales; transformar los sistemas de producción hacia modalidades sustentables, incluida la economía circular; fortalecer las instituciones ambientales; mejorar las capacidades tecnológicas, presupuestales, financieras y de información; reconocer la pluralidad y diversidad de las personas, organizaciones y colectivos; atacar la impunidad ambiental; promover la planeación de largo plazo bajo esquemas de integración y trasversalidad de políticas; y, fomentar que los recursos presupuestales se ajusten a los esfuerzos necesarios para enfrentar la crisis ambiental.

Puedes leer aquí nuestro resúmen ejecutivo