Hacia una reforma fiscal progresiva. 12 propuestas para proteger los derechos humanos, reducir las desigualdades y lograr un desarrollo sostenible

Introducción

La Alianza por la Justicia Fiscal surge como un espacio de colaboración y búsqueda de consensos entre organizaciones e instituciones que coincidimos en que el sistema fiscal mexicano actual es inadecuado para responder a las múltiples crisis que enfrenta el país. Así, consideramos que es el momento de impulsar una reforma fiscal que reduzca y repare las brechas de las desigualdades, garantice derechos, fortalezca las instituciones públicas, e impulse el desarrollo sostenible de manera progresiva, justa y con perspectiva de género.

La Alianza está integrada por las siguientes instituciones: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fundación Friedrich Ebert, Fundar. Centro de análisis e Investigación, Instituto de Estudios Sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) de la UNAM. Y tiene por objetivo promover un sistema fiscal justo para reducir las desigualdades, garantizar derechos e impulsar el desarrollo sostenible con crecimiento económico en México. En específico, queremos una reforma fiscal profunda que:

• Incremente el financiamiento disponible para garantizar derechos en materia de salud, educación, seguridad, trabajo y otros.
• Aumente la progresividad del sistema fiscal mexicano.
• Integre la perspectiva de género en el ingreso y el gasto público a lo largo de todo el ciclo presupuestario.
• Fortalezca la responsabilidad hacendaria y mejore los mecanismos para la toma de decisiones presupuestarias.
• Eleve la calidad del gasto.
• Promueva la justicia climática y atienda los riesgos medioambientales.

Propuestas

La Alianza por la Justicia Fiscal considera que México necesita aumentar sus ingresos públicos de manera progresiva y debe fortalecer los ingresos propios de los gobiernos municipales y estatales. Además, debe aumentar la transparencia, la participación pública y la rendición de cuentas sobre la asignación del gasto público. De esta forma, lo recaudado puede realmente servir para impulsar un desarrollo económico que sea sostenible e incluyente. Por eso, proponemos los elementos mínimos de una reforma fiscal centrada en tres pilares:

1. Fortalecer la progresividad de los impuestos sobre la renta y la propiedad.
2. Potenciar los impuestos ambientales.
3. Democratizar las decisiones de gasto.

A partir de estos pilares presentamos 12 propuestas:

1. Modificar los tramos y las tasas del ISRF. Hay que aumentar la incidencia del ISR sobre los estratos económicos de mayores ingresos. Esto puede lograrse si se incrementa la tasa marginal máxima, se reduce el umbral de ingresos a partir del cual se cobra la actual tasa marginal máxima y se crean nuevos tramos entre la actual tasa marginal máxima y la nueva.
2. Limitar los beneficios fiscales para las personas de ingresos más altos. Determinar un tope de ingresos para el acceso a estos beneficios, justificar cada uno de ellos de forma robusta, incluir cláusulas de vencimiento y transparentar todos los beneficios fiscales puede reducir la discrecionalidad en su otorgamiento y hacerlos menos regresivos.
3. Equiparar las tasas impositivas entre el trabajo y el capital. En el actual sistema, las tasas reducidas o las exenciones generalizadas a determinadas rentas de capital son tratamientos preferenciales que benefician principalmente a los hombres de mayores ingresos. Esto debe revisarse, pues perpetúa y agrava las desigualdades.
4. Fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar el predial. Se debe promover el uso de medios electrónicos, mejorar los registros catastrales por medio de la tecnología y fortalecer su vinculación con los sistemas tributarios, así como homogeneizar los sistemas de cálculo y liquidación de los tributos.
5. Transformar la tenencia en un impuesto verde sobre la propiedad de automóviles. Proponemos una Ley Federal de Tenencia que permita al gobierno federal recaudar este impuesto en los estados que no lo cobran. Además, las emisiones contaminantes se deben incluir en el cálculo del impuesto para los automóviles de valor alto.
6. Explorar la posibilidad de un impuesto especial a los jets privados y los yates. México es el segundo país con más jets privados en el mundo. Los ingresos recaudados por medio de un impuesto así en México podrían destinarse, por ejemplo, a la mitigación y adaptación al cambio climático.
7. Reducir las exenciones en el IEPS al carbono y aumentar gradualmente el precio subyacente por tonelada de CO₂. Se debe cubrir una mayor cantidad de emisiones y así desincentivar el consumo de combustibles. Incrementar el precio federal al nivel del impuesto estatal de Zacatecas permitiría recaudar casi 13 000 millones de pesos adicionales.
8. Etiquetar impuestos. Proponemos que la legislación destine una parte significativa de los ingresos fiscales recaudados a través de las propuestas presentadas a sectores o programas específicos relacionados con ellas. Esto ya se ha hecho con buenos resultados en la Ciudad de México y en Nuevo León.
9. Introducir una garantía presupuestaria para el sistema de salud para las personas sin seguridad social. Recomendamos reformar la Ley General de Salud para establecer el financiamiento del IMSS Bienestar en función de la población sin acceso a la seguridad social y fijar un presupuesto mínimo per cápita.
10. Fortalecer la regulación de los ajustes presupuestarios, del uso de los ingresos excedentes y del endeudamiento. Esto permitirá aumentar el control democrático sobre la asignación de recursos y fortalecer la rendición de cuentas. Es necesario regular la asignación de ingresos excedentes y destinarlos en parte al pago de la deuda, fondos de estabilización, fondos de desastres naturales e inversión física.
11. Robustecer la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos. Es necesario hacer más plural la integración de sus comités técnicos, ampliar el contenido de sus informes, llevar a cabo auditorías y evaluaciones obligatorias, crear un registro único y establecer parámetros para su creación y extinción.
12. Medir el impacto presupuestario de las reformas legislativas. Es fundamental que todos los proyectos de ley o decretos incluyan una evaluación de impacto presupuestario. Estas podrían ser elaboradas y verificadas por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) y el Instituto Belisario Domínguez (IBD).

¿Por qué estas propuestas?

En la Alianza por la Justicia Fiscal pensamos que no es posible reducir y reparar las brechas de desigualdad en México ni hacer frente a los retos del futuro sin una expansión significativa de las capacidades del Estado. Hasta hoy, la tendencia histórica de precarización de las finanzas públicas ha dado como resultado una educación pública deficiente, una atención médica con fondos insuficientes, fuerzas policiales locales sobrecargadas e incapaces de brindar seguridad, entre otras problemáticas. Debemos incrementar los ingresos públicos y gastarlos de forma transparente, democrática y eficiente. En la actualidad, los altos niveles de desigualdad en el país conviven con un sistema fiscal que casi no redistribuye, privilegia a los ricos y es poco democrático en la asignación de recursos. Se necesita un sistema fiscal más justo. Nuestra alianza está convencida de que las propuestas aquí presentadas muestran que es posible y necesaria una reforma fiscal progresiva, que no genere cargas nuevas a los grupos de ingresos medios y bajos, y que cuente con mecanismos para fortalecer la eficiencia, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación pública. Una reforma que permita financiar programas y políticas públicas que sean efectivas para reducir y reparar las brechas de la desigualdad y que garanticen los derechos de las personas es posible, necesaria y urgente. La oportunidad para implementarla es ahora.

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